La tala en la mayor selva tropical del planeta totalizó 13.235 km² en el período 2020-2021, el mayor valor desde 2005-2006 (14.286 km2), según registros del sistema de vigilancia de deforestación PRODES, del brasileño Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE).
Es el tercer aumento anual bajo mandato del presidente Bolsonaro, quien busca combatir las críticas internacionales que lo responsabilizan de promover estas alzas con políticas que debilitaron la fiscalización en el bioma y su discurso favorable a las actividades extractivas en áreas protegidas.
Las cifras suponen «un desafío para nosotros y tendremos que ser más contundentes en relación a los delitos ambientales. Ciertamente ampliaremos nuestra actuación» en la región, admitió el ministro de Medio Ambiente, Joaquim Leite, en una rueda de prensa en Brasilia poco después de conocerse el documento.
Afirmó, sin embargo, que los datos «no reflejan exactamente la actuación de los últimos meses».
El gobierno asegura haber intensificado sus acciones para combatir la deforestación ilegal con una mayor presencia de efectivos en el terreno en los últimos 90 días, enfocado en los 23 municipios con mayor incidencia de crímenes ambientales.
La deforestación es en particular atribuida a actividades ilegales de minería y ganadería.
«A quienes todavía insisten en esos delitos ambientales, (les advertimos) que el estado brasileño entrará con fuerza total a la Amazonía», aseguró por su parte el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Anderson Torres.
Bolsonaro asumió el poder en enero de 2019 con un fuerte discurso antiambientalista y es acusado por ONG, el movimiento indígena y opositores de debilitar los mecanismos de control ambiental.
Entre agosto de 2018 y julio de 2019, el área deforestada en la Amazonía fue de 10.129 km2, un aumento de 34% respecto al año móvil anterior, según los datos del sistema PRODES.
En el período siguiente (2019-2020), se perdieron 10.851 km2, un alza de 7%, pese al envío de costosas operaciones militares a la selva para controlar las actividades ilícitas durante los períodos más intensos de deforestación e incendios en la Amazonía.
– Cumplir metas de COP26 –
«El resultado es fruto de un esfuerzo persistente, planificado y continuo de destrucción de las políticas de protección ambiental» bajo el gobierno de Bolsonaro, dijo en un comunicado Marcio Astrini, secretario ejecutivo de la red Observatório do Clima, que reúne a las principales ONG e institutos ambientalistas que actúan en Brasil, incluidos WWF y Greenpeace.
El Observatorio acusó al gobierno de ocultar los datos hasta después de la COP26, puesto que el documento divulgado este jueves por el Inpe, vinculado al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovaciones, trae escrita la fecha «27 de octubre de 2021».
«El gobierno ya tenía en manos los datos de deforestación cuando ocurrió la conferencia del clima de Escocia y lo omitió deliberadamente», dijo la ONG, algo que el gobierno niega.
«La información que tengo es que esto fue divulgado hoy», respondió el ministro Leite.
Entre las metas que anunció en la última conferencia de la ONU sobre cambio climático de Glasgow, Escocia, Brasil adelantó dos años, de 2030 a 2028, el límite para eliminar la deforestación ilegal en su territorio, que alberga un 60% de la Amazonía.
«Ciertamente seremos más contundentes para revertir los números (de deforestación) y cumplir la meta que fue anunciada en la conferencia», concluyó Leite.
AFP
