La Fiscalía chilena abrió el viernes una investigación penal contra el presidente Sebastián Piñera por la venta de la Minera Dominga por parte de una empresa de sus hijos, operación por la que apareció en los Papeles de Pandora.
«El fiscal nacional [Jorge Abbott], con fecha de hoy, 8 de octubre, ha decidido abrir de oficio una investigación penal por los hechos asociados a lo que se ha conocido como los ‘Pandora Papers’ y que en definitiva tienen relación con la compraventa de la minera Dominga, que estuvo vinculada a la familia del presidente Piñera», informó la jefa anticorrupción de la Fiscalía, Marta Herrera.
Horas después, el presidente dijo que no comparte la decisión de la Fiscalía, que no ha cometido irregularidades y que demostrará su «total inocencia».
«Tengo la plena confianza en que la justicia, como ya lo ha hecho, confirmará la inexistencia de irregularidades y también mi total inocencia», declaró Piñera, cuyo mandato culmina el 11 de marzo de 2022.
Piñera, uno de los gobernantes que aparece en la investigación de los Papeles de Pandora, había negado el lunes que tuviera un conflicto de intereses en la venta de la minera en 2010 a uno de sus amigos más cercanos.
Herrera indicó que el fiscal nacional abrió la causa al presidente porque «los antecedentes podrían revestir caracteres de delito de cohecho, con su correlato de soborno, [y] eventuales delitos tributarios, materias que en definitiva serán todas objeto de una investigación».
La pena por cohecho son cinco años de prisión, dijo Herrera, quien además negó que la venta de la miera sea «cosa juzgada».
Agregó que dada «la gravedad de los hechos investigados», la causa estará a cargo de un fiscal regional, en vez de uno local. Abbott designó a Claudia Perivancich, de la región de Valparaíso.
Según una investigación de los medios locales CIPER y LaBot, parte de los Papeles de Pandora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Minera Dominga fue vendida al empresario Carlos Alberto Délano, amigo de Piñera, por 152 millones de dólares, en un negocio realizado en las Islas Vírgenes Británicas.
La investigación agrega que el pago de la operación se tenía que hacer en tres cuotas, y contenía una polémica cláusula que supeditaba el último pago a «que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas».
El gobierno de Piñera, según la investigación, acabó por no proteger la zona en la que estaba previsto que fuera la mina, por lo que se efectuó el tercer pago.
Investigación de 2017
Piñera afirmó el lunes que no tuvo conocimiento de ese negocio porque antes de su primera presidencia (2010-2014) puso la administración de sus activos bajo fideicomisos ciegos.
«Los hechos mencionados en ese reportaje no son nuevos, fueron públicamente conocidos por los medios de comunicación el año 2017 y además fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y resueltos por los tribunales de justicia», dijo entonces el mandatario.
Sin embargo, Herrera aclaró este viernes que la venta de la minera no estuvo incluida en esa causa cerrada en 2017, aunque «tenía una arista relacionada con la Minera Dominga», por lo que no hay «cosa juzgada».
«Los hechos relacionados con la compraventa de la minera no están expresamente incluidos en la resolución de sobreseimiento del año 2017», expresó Herrera.
Pingüinos
El proyecto minero, aprobado por un tribunal regional pero pendiente de recursos por la Corte Suprema, incluye la explotación de dos minas a cielo abierto -de hierro y de cobre- en el desierto de Atacama, en la región de Coquimbo, a 500 km al norte de Santiago.
Contempla además la construcción de un puerto de carga de minerales cerca de un archipiélago donde existe una reserva nacional que contiene el 80% de la especie pingüinos de Humboldt, además de otras especies protegidas.
Durante su primer mandato, Piñera anunció la cancelación de la construcción de la termoeléctrica Barrancones, perteneciente a la firma franco-belga Suez, que iba a instalarse cerca de Minera Dominga.
Pero después de cancelar ese proyecto, Piñera no volvió manifestarse sobre proteger la zona que su antecesora, la socialista Michelle Bachelet, trabajó para convertir en Parque Nacional y evitar así cualquier actividad que la amenazase.
La oposición en el Congreso analiza la posibilidad de presentar una acusación constitucional contra Piñera, que a su juicio «no tiene fundamento alguno».
