En el día Internacional de la Democracia y, frente a la crisis institucional que vivimos como ciudadanos, es menester analizar el concepto desde su base más precisa. Entendiendo así, la Democracia como aquel poder que ejerce el pueblo frente al engranaje gubernamental.

Y de este concepto surgen varias inquietudes, a saber ¿Es el pueblo consciente del poder que tiene frente al Gobierno? ¿Cuáles son los mecanismos efectivos para el ejercicio de una democracia real y participativa?

En ese sentido, hemos consultado a cinco (5) ciudadanos, de los cuales tres (3) reconocen la democracia como aquel derecho que pueden ejercer en las urnas cada cinco (5) años para la elección de sus representantes, mientras que dos (2) entienden la democracia como la participación activa del ciudadano en acciones del Estado. Una crítica a esto, es la concepción sesgada de la democracia, plasmada únicamente desde la perspectiva electoral. Es así que se hace necesario entender ¿Cuáles son los mecanismos efectivos para el ejercicio de una democracia real y participativa?

La Carta Democrática Interamericana, hace referencia a características específicas como “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos…”

Además agrega en su artículo 4 “Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa…”

Es por ello que la democracia se constituye, en uno de los pilares más fundamentales dentro de un Estado de Derecho, porque reconoce al ciudadano no solo como un sujeto de derechos, en cuanto a la participación efectiva en cada una de las acciones gubernamentales, sino que a su vez le genera la obligación de supervisión constante, la cual se desprende de la propia obligación del Estado de establecer los mecanismos para que el ciudadano pueda tener acceso a la información y promover la transparencia de las acciones administrativas.

En los últimos dos (2) años, como región hemos reducido el nivel de democracia, medido desde el índice de la democracia de The Economist. Según este índice Latinoamérica, ha caído por quinta ocasión en la medición de las libertades individuales, en consideración especial al último año de la crisis sanitaria.

Las limitaciones al ejercicio efectivo de las garantías constitucionales, han generado un retroceso en ese poder real que tiene el pueblo y es reconocido a través de los derechos humanos y sus garantías de protección.

Es así que en la región, únicamente se considera a Uruguay, Chile y Costa Rica, como los Estados con una democracia completa, ocupando Panamá la concepción de una democracia debilitada.

¿A qué debemos dicha concepción?

No solamente a la limitación del ejercicio de la libertad de circulación o reunión por crisis sanitaria. Este debilitamiento tiene características más profundas.

El hecho más reciente se produce el 14 de septiembre de 2021, en el cual cientos de panameños, a nivel nacional, han manifestado su descontento en las calles, en respuesta a las acciones que ha tomado el Órgano Legislativo y el silencio marcado del Órgano Ejecutivo frente a las reformas electorales y en especial al histórico abandono a la mesa de discusión, efectuado por el Tribunal Electoral, como ente rector en el tema.

Sumado a las diversas acciones limitativas del ejercicio de supervisión al cual tiene derecho el ciudadano, frente al engranaje gubernamental.

El poder de los Órganos Estatales, hoy se manifiesta en desigualdad frente al soberano y, la única protección pareciese ser las Instituciones que rigen el funcionamiento estatal, lo que no se constituye en una realidad, en virtud de las infinitas limitaciones al poder público que detenta el soberano. Lo que nos permite además identificar que requerimos una separación real de los factores de poder constituidos para que el ciudadano pueda ejercer con mayor libertad su poder.

Este pareciese ser el momento histórico en el que todos los sectores estamos llamados a hacer valer ese poder natural del pueblo, a través de una reclamación efectiva a la restitución de los derechos conculcados, en el marco de la crisis sanitaria y sobre todo mayor transparencia y acceso a la información a la cual tenemos derecho todos los ciudadanos.

La autora es abogada especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales.