Aproximadamente 120 millones de personas cayeron en pobreza extrema en 2020 y esa cifra podría ascender hasta los 150 millones en 2021. Además, a causa de la crisis provocada por el coronavirus, se perdieron unos 250 millones de empleos y el número de personas amenazadas por la inseguridad alimentaria se duplicó a 272 millones al finalizar el 2020. Diez años de progreso en los países más frágiles se fueron al traste.

Un nuevo estudio publicado por el Banco Mundial, “La larga sombra de la informalidad: Desafíos y políticas”, confirma que en los países emergentes el trabajo informal representa más del 70 por ciento del empleo total y casi un tercio del Producto Interno Bruto. De ese porcentaje de informalidad la mayoría son mujeres y jóvenes con una escasa calificación, con acceso limitado a las redes de seguridad y al crédito. Representan a ese considerable grupo que no ha podido quedarse en casa y ha tenido que enfrentar los riesgos y salir a buscar el sustento, para ellos y sus familias.

Los altos niveles de informalidad laboral en las economías nacionales se traducen en resultados de desarrollo deficientes, ingresos per cápita más bajos, más pobreza y desigualdad, niveles de inversión más bajos y mercados financieros pobremente desarrollados.

En nuestro país, la pandemia del nuevo coronavirus disparó los índices del desempleo hasta un 18.5 por ciento y la informalidad, que en agosto del 2019 afectaba a 716 mil 113 personas (44.9%), para septiembre de 2020 ascendía a 777 mil 162 ciudadanos (55.8%). Durante los últimos diez años la informalidad ha crecido persistentemente: en el año 2011 era del 36.9 por ciento y en 2020 se ubicaba en la ya mencionada cifre del 52.8 por ciento. En ese período – en el cual se llevó a cabo la ampliación del Canal de Panamá- el 92 por ciento de los empleos generados fueron en el sector informal.

Entre las cinco recomendaciones finales ofrecidas en el estudio del Banco Mundial destacan dos que resultan muy pertinentes para la economía del país: mejorar el acceso a la educación, a los mercados y al financiamiento para que los trabajadores y las empresas mejoren su productividad, y la otra sería simplificar los requisitos fiscales para reducir el costo de operar formalmente.

La informalidad laboral es un desafío que, de no afrontarse debidamente, frenará la recuperación de las economías del área, alimentará la frustración ciudadana y multiplicará las posibilidades de explosiones sociales más persistentes y graves que las que ya hemos visto.