Al Estado panameño le quedan por recibir $82 millones en concepto de dividendos de las operaciones de la empresa Panama Ports Company (PPC), concesionaria del desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de los puertos Balboa y Cristóbal, de acuerdo a cálculos realizados por la Contraloría General de la República (CGR).

Según esos cálculos los dividendos retenidos por decisión de la Junta Directiva de PCC, de la cual forma parte el Estado, y que fueron reinvertidos en las operaciones portuarias, representan $82 millones sin repartir. El Estado panameño posee el 10% de las acciones de la empresa concesionaria.

Una auditoría de la Contraloría, que concluyó hace tres meses, estableció que entre agosto de 1999 y julio de 2019, el contrato celebrado con PPC le produjo al Estado $445 millones por concepto de movimiento de contenedores y dividendos de las operaciones portuarias.

También reveló que en las dos últimas décadas la empresa concesionaria PPC ha contribuido con $5,935 millones a la economía nacional en inversiones realizadas, pagos al Estado, efectos indirectos y el valor agregado de las operaciones portuarias.

La auditoría, que abarcó entre el 16 de enero de 1997 y el 30 de junio de 2020, determinó que en ese periodo las operaciones de PPC se efectuaron “en cumplimiento sustancial” de las 11 cláusulas y obligaciones del contrato de concesión y sus adendas.

“El contrato establece como Ley de la República que si la empresa está en cumplimiento de las obligaciones básicas del contrato, se produce una prórroga automática”, por un nuevo periodo de 25 años, dijo el Contralor General de la República, Gerardo Solís, al momento de presentar los resultados del audito.

Después de suscrito el Contrato Ley 5 de enero de 1997 por el cual el Estado dio en concesión a PPC por 25 años prorrogables los puertos Balboa y Cristóbal, en 2002 se produjo una equiparación de las cinco concesiones portuarias y posteriormente el gobierno panameño consideró que el Estado debía cobrar una contraprestación por la infraestructura entregada en Balboa y Cristóbal.

La Gaceta Oficial del 29 de diciembre de 2005 que publicó la Ley 55, explicó que la empresa portuaria PPC “tomando en consideración la posición del Gobierno Nacional” había solicitado nueve meses antes “el inicio de un proceso de renegociación de los términos del contrato original”.

El nuevo acuerdo, convertido en Ley de la República, estableció el pago de $102 millones en concepto de contraprestación por el derecho de uso de las infraestructuras y los puertos en operación recibidos en concesión.

La Contraloría corroboró el pago de $102 millones al Estado por parte de PCC por una infraestructura portuaria que tuvo que demoler y construir una adecuada para el trasbordo de contenedores, el negocio en el que se han especializado los puertos nacionales explotando la privilegiada posición geográfica de Panamá.

Según abogados expertos en temas portuarios ese acuerdo fortaleció y le dio mayor legitimidad en contraprestación al contrato original de PPC. “De allí en adelante lo que seguía era borrón y cuenta nueva”, razonan los expertos.

$1,695 en inversiones

El contrato original de 1997 estableció una inversión de $50 millones, lo que fue modificado por la Ley 55 de 2005 mediante la cual PPC se comprometió a invertir $1,000 millones para aumentar significativamente la capacidad de los puertos Balboa y Cristóbal. El programa apuntaba a elevar la capacidad de ambos puertos a 6.5 millones de contenedores. La empresa portuaria mueve actualmente más de cinco millones de los casi ocho millones que se transbordan en Panamá.

La auditoría de la Contraloría demostró que PPC realizó inversiones, en las terminales portuarias concesionadas, superiores a los $1,695 millones, un 70% por encima de los $1,000 millones comprometidos en la Ley 55.  Esa inversión representa una tercera parte de los $5,000 millones invertidos en infraestructuras portuarias por los cinco concesionarios que operan en el país.

De acuerdo a los expertos, la importancia de la Ley 55 es que establece claramente un marco de referencia para las inversiones en una infraestructura concesionada que después de finalizado el contrato se convertirá en un activo por más de $2,000 millones que pasará a manos del Estado panameño.