La justicia panameña continúa con las investigaciones y procesos en el caso de abuso de menores en albergues a cargo del Estado, en esta ocasión se le decretó impedimento de salida del país a una mujer de 38 años, que fungía como trabajadora social, por la supuesta comisión del delito Contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil, en la modalidad de Maltrato al Niño, Niña y Adolescente Agravado.
Además, se le decretaron otras medidas cautelares personales: la mujer deberá reportarse periódicamente los días 15 y 30 de cada mes, igualmente tiene prohibido acercarse a todas las sedes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), y fue suspendida del cargo público.
El caso guarda relación con los hechos ocurridos en el mes de marzo del año pasado, en donde dos menores de edad fueron ingresados irregularmente a un centro de rehabilitación de adultos ubicado en Las Garzas, en el área este del distrito de Panamá
El proceso se llevó a cabo en el Primer Circuito Judicial de Panamá del Sistema Penal Acusatorio en Plaza Ágora. La juez dictaminó las medidas cautelares tras considerar que había suficientes argumentos que demostraban la posible vinculación de la funcionaria de Senniaf en este caso.
El caso de abuso de menores en albergues bajo responsabilidad del Estado, involucró a 14 de estos centros en donde se detectaron irregularidades. Esto luego de la publicación de un informe por parte de la Comisión de la Mujer, niñez, juventud y familia de la Asamblea Nacional.
