En un país que se precie de respetar y cumplir con los mandatos dictados por la Constitución, la destitución del director de la Policía Nacional era la consecuencia que se imponía luego del desafortunado evento del video que circuló en apoyo de la contraparte colombiana. Pero, enmarcar sus actuaciones bajo los dictados de la norma constitucional no ha resultado ser la costumbre de las gestiones gubernamentales de los últimos años, razón por la que la credibilidad y la confianza de la ciudadanía en las instituciones nacionales se ha desmoronado hasta llegar a esta peligrosa situación de escepticismo donde se sospecha de todo y de todos en la estructura de poder.

Que el ciudadano reaccione con sorpresa ante la remoción de un funcionario que ha violentado la Constitución, implica que se vive en una sociedad donde la aplicación de las normas es la excepción y no la regla: donde la discrecionalidad es la que decide situaciones que deberían resolverse mediante la aplicación estricta de los preceptos legales vigentes. Por ello, el asombro de la ciudadanía ante una medida que sería la única a esperarse en una comunidad regida por la ley., resulta sintomático.

Y en un ambiente de absoluta incredulidad como el que rige a nuestro alrededor, la decisión es un primer paso para restaurar la credibilidad en quienes llevan en sus manos las riendas del gobierno. Por ello, la expectativa ciudadana espera ese mismo talante y toma de decisiones en los otros casos como el del SENNIAF, los dudosos contratos para promoción en redes de MiCultura, la vacunación masiva en la Asamblea Nacional y el de la Lotería Nacional. Urge que en los mismos se aplique- sin ningún tipo de discrecionalidad- el castigo que corresponde a los que violentaron las leyes y los procesos: que sin preferencias sean sometidos al sistema legal y, de resultar culpables, se castigue a quienes hayan incurrido en alguna falta.

La destitución llevada a cabo en la Policía Nacional es un primer paso positivo en el largo camino que hay que recorrer para recuperar la credibilidad de la ciudadanía. Ahora, es preciso actuar con la misma firmeza en el resto de los escándalos que intoxican la vida pública nacional. No hacerlo confirmaría que la discrecionalidad resulta de más peso que la ley en la toma de decisiones gubernamentales: craso error cuyas consecuencias tendrían que enfrentar más pronto de lo que desearían.