Al escribir sobre la “sociedad civil”, el sociólogo político Larry Diamond la describió como “el reino de la vida social organizada de forma voluntaria, autogeneradora, (ampliamente) apoyada por sí misma, autónoma del Estado, cohesionada por un orden legal o un conjunto de reglas compartidas. Es diferente a la “sociedad” en general, puesto que involucra ciudadanos que actúan colectivamente en la esfera pública para expresar sus intereses, pasiones e ideas, intercambio de información, alcanzar metas comunes, realizar demandas al Estado, responsabilizar a los empleados oficiales…excluye…realizar esfuerzos políticos para controlar el Estado.”

Dos características destacan en esta descripción hecha por el intelectual estadounidense: la primera, la autonomía de la sociedad civil con respecto al Estado y, la segunda, que entre sus propósitos no figura el control de la maquinaria estatal.

La sociedad civil, podemos señalar suscribiendo también el concepto de Alexis de Tocqueville, es el conjunto de organizaciones e instituciones cívicas, sociales y voluntarias que fungen como mediadoras entre los ciudadanos y el Estado.

¿En qué lamentable momento de nuestra historia reciente se pervirtió el concepto y la función de estos grupos?

Porque el hecho que un minúsculo grupo de individuos disfracen intereses y propósitos netamente políticos bajo la etiqueta de sociedad civil, constituye un engaño ejercido contra la confianza ciudadana. Ya hemos sido testigos de estos fraudulentos movimientos que sin el menor sonrojo han desempeñado el papel de oficiosos defensores de poderes o personajes políticos de turno y cuyas verdaderas intenciones no se compaginan con los intereses reales del ciudadano común.

Sin el carisma y en ausencia de la capacidad de organización y convocatoria para constituirse como partido político, recurren a presentarse como “líderes” de organizaciones ciudadanas cuya membresía fantasma no supera los dos dígitos. Simples “barras bravas” y defensores de poderes de facto cuyo objetivo final se reduce a lograr un puesto o estipendio gubernamental que les permita subsistir durante el tiempo que dure la administración que adquiere sus servicios mercenarios.

Luego de la actual crisis sanitaria, las tareas de recuperación son muchas. Entre ellas figura recuperar el verdadero sentido y las funciones de servicio al público que definen a la “sociedad civil”; pero la originaria, aquella cuyos objetivos latían en la misma frecuencia que el corazón ciudadano y no al ritmo de las ambiciones de unos pocos arribistas.