Expertos estiman que Panamá necesita con urgencia una inyección de $10,000 millones en inversiones públicas y privadas para recuperar 290,000 empleos que se perdieron en el 2020 en medio de la pandemia del coronavirus.
Ante las limitaciones fiscales del gobierno, debido al alto endeudamiento, y la descapitalización del sector privado, la alternativa es que la banca, local e internacional, provea de liquidez a los sectores que más lo necesitan y captar inversión extranjera directa.
Sin embargo, hay que reconocer que alrededor de las inversiones en América Latina hay historias de oportunidades y riesgos. Son conocidas las recurrentes crisis económicas, la inestabilidad política y social y, en las dos últimas décadas, la hostilidad de regímenes de izquierda una vez instalados en el poder. Los casos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela y, más recientemente, México son una señal de alerta para los capitales extranjeros porque, en lugar de economía, imponen una lógica política e ideológica.
Los analistas de riesgo enumeran como desincentivos a la inversión extranjera en América Latina, las acusaciones de neocolonialismo, arbitrariedades que atentan contra la seguridad jurídica, la violencia y los repetidos escándalos de corrupción.
Ahora con la pandemia del covid-19, hay mayores limitaciones en la captación de inversión extranjera y cada país lucha por convertirse en “una frontera de inversiones”.
Los latinoamericanos, están en la misma carrera que la mayoría de países del mundo, para llegar primero en los índices de atracción de inversión extranjera, como fórmula para reactivar las económicas frenadas por la pandemia del covid-19.
Solo que ahora es más difícil recibir financiamiento de gobiernos o de organismos multilaterales, lo mismo que créditos de la banca comercial privada y sus inversores. A menos que los países presenten buen grado de inversión, tienen que esperar en la fila para que los atiendan. Además, los inversores internacionales tienen un apetito de riesgo mucho menor, que en el pasado.
El presidente Nito Cortizo sancionó recientemente la ley que creó la Autoridad Nacional para la Atracción de Inversiones y Promoción de Exportaciones de Panamá. Esa nueva institución será la encargada de atraer inversión extranjera directa, promover las exportaciones y darle valor al país en el exterior.
Un estudio sobre el comportamiento de la inversión extranjera en Panamá, realizado años atrás por la Universidad de Harvard, señaló que la principal fuente de inversión extranjera en el país proviene de la reinversión de las utilidades. Las empresas extranjeras que operan en el país, en su mayoría, han reinvertido hasta el 70% de sus ganancias en la economía nacional.
El informe concluyó que es más beneficioso para la economía depender de la reinversión de utilidades de las empresas ya instaladas en el país, como una fuente permanente de divisas, que requerir atraer cada año nuevas empresas extranjeras.
El papel del gobierno es asegurar reglas claras y garantizar la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras, como una contraprestación a las inversiones de capitales que llegan del exterior. La mejor fórmula de promoción de inversión extranjera en Panamá es la experiencia de los inversionistas que tienen operaciones en el país.
Al fin de cuentas, la inversión extranjera es el mayor signo de confianza que pueda demostrarse a una nación. Así lo han expresado empresas pioneras como la concesionaria Panama Ports Company (PPC) que reinvierte sus utilidades en el país y contribuyen activamente a su desarrollo integral, más allá de los aspectos portuarios.
Los resultados de la reciente auditoria que la Contraloría General de la Republica realizo a PPC -asistida por un equipo técnico multidisciplinario del Ministerio de Economía y Finanzas y la Autoridad Portuaria de Panamá- reflejó que la empresa portuaria ha realizado en 25 años inversiones superiores a $1,695 millones, por encima de los $1,000 millones establecidos en el contrato inicial. Eso representa una tercera parte de los $5,000 millones que han invertido en su totalidad las cuatro concesionarias portuarias que operan en Panamá.
En contraprestación, PPC espera que el Estado garantice la seguridad jurídica a su inversión, lo cual es de extrema importancia para atraer inversión extranjera cuando el país más lo necesita.
En ese sentido, Panamá debe dar señales de que es un país agradable para la inversión extranjera, de que es bienvenida. El gobierno debe contribuir, dentro de sus atribuciones constitucionales, en darle estabilidad y predictibilidad a la arquitectura legal del país.
Corresponde a Panamá generar las condiciones que abran un nuevo capítulo para las inversiones extranjeras en el país y que alcancen un arraigo económico, social, de proyección y beneficio a las comunidades con las que interactúan.
El autor es Economista.
