Tras una supuesta lesión patrimonial por un monto que sobrepasa los 4.4 millones de dólares en el caso del suministro, instalación, migración y puesta en marcha de un Sistema Integrado de Gestión de Procesos Gubernamentales para 150 unidades ejecutoras de la Caja del Seguro Social, denominado proyecto SAFIRO, se solicitó al Tribunal de Cuentas, llamar a juicio a 11 vinculados, de la mano de la Fiscalía General de Cuentas.
Una serie de incongruencias en la implementación de funcionalidades creadas según el pliego de cargos en módulos acordados se vieron reflejadas en investigaciones de la entidad que lidera Waleska Hormechea, Fiscal General de Cuentas. Esto estableció un perjuicio económico al Estado; apoyada totalmente en la vista fiscal, debido a esto se solicitó al máximo ente de la jurisdicción de cuentas llamar a juicio a los presuntos sospechosos.
La Fiscalía realizó un peritaje con dos expertos en implementación y administración de proyectos de sistemas tecnológicos en empresas públicas y privadas. Esto para llevar a cabo la ampliación ordenada por el Tribunal de Cuentas.
La realización de este trabajo dio como resultado la disminución de la cuantía de la lesión patrimonial respecto al monto inicial contenido en el informe de auditoría creado por la Contraloría General de la República. Con el apoyo de los especialistas se lograron identificar módulos que sí fueron utilizados.
