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Etiqueta: Tribunal de Cuentas

«Los grandes casos no nos llegan», Cigarruista

El magistrado del Tribunal de Cuentas, Alberto Cigarruista, aseguró que a su jurisdicción no llegan los llamados «casos de alto perfil» en Panamá, y se quejó de que en algunos procesos no se cuenta con el respaldo de la Contraloría General de la República.

Cigarruista indicó que casos como Odebrecht, Blue Apple, FCC y otros, considerados «de alto perfil en Panamá» no han pasado por el Tribunal de Cuentas a pesar de que se trata de casos de suma importancia, sobre los que la jurisdicción de cuentas tiene beligerancia.

«Para que estos casos nos lleguen, debe haber un áudito de la Contraloría, que tienen que haberlo hecho, porque para que se dé tratamiento al asunto en la esfera penal, es necesario que esto se haya hecho, para que se establezca que hubo apropiación indebida de dinero», apuntó el Magistrado.

Destacó además que en el Tribunal de Cuentas se encuentran una serie de casos y de procesos que involucran lesiones patrimoniales, en donde lo que se busca es recuperar los dineros robados al Estado.

En la actualidad, apuntó, «hay un caso de 53 juntas comunales en proceso; en el Ministerio de Educación, 16 casos que involucran a personas inescrupulosas que meten la mano al FECE, y además, tenemos casos de funcionarios que tienen hasta 3 trabajos en el Estado».

Cigarruista llamó la atención sobre el alto grado de corrupción que se percibe en el país, indicando que en el Tribunal de Cuentas se hacen grandes esfuerzos para tratar de recuperar dineros que son del Estado, «que son de todos los panameños, que se gestionaron para inversiones y se quedaron con la plata.

En cuanto a la necesidad de que en el país se adopte la Ley de Extinción de Dominio, el magistrado Cigarruista destacó que es preciso discutir el documento, porque su adopción es necesaria.

 

Fiscalía de Cuentas pide llamar a juicio por caso de doble salario en la Unachi

La Fiscalía General de Cuentas presento una solicitud ante el Tribunal General de Cuentas para que sean llevados a juicio, una docente y dos rectores por el caso de duplicidad de salario en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) y el Ministerio de Educación (Meduca).

En una nota de prensa, señalan que las investigaciones realizadas por la fiscalía encabezadas por la fiscal general, Waleska Hormechea, «se determinó el cobro de salarios y remuneraciones a tiempo completo de una funcionaria en un colegio de la ciudad de David y en la UNACHI, sin que se haya acreditado el cumplimiento de las horas administrativas en el centro universitario»

Los hechos, indican, se constituyen en un posible daño económico al Estado, por un monto que supera los 209 mil dólares.

Indican que la vista fiscal da cuenta de una presunta conducta permisiva de quienes ocuparon el cargo de Rector durante el periodo investigado; pese a su conocimiento que la docente laboraba en el Ministerio de Educación, consintieron su nombramiento y por ende, que continuara ejerciendo ambos cargos a tiempo completo.

 

 

Magistrado Cigarruista advierte sobre consecuencias de las lesiones patrimoniales

El magistrado presidente del Tribunal de Cuentas (TC), Alberto Cigarruista Cortéz, hizo hoy un llamado a 50 funcionarios del Hospital Ezequiel Abadía de la Caja de Seguro Social (CSS) en Soná, Veraguas, a conocer las normas de compras y el manual de funciones, para evitar procesos por lesiones patrimoniales.

«Ustedes están sentados en una bomba de tiempo y no lo saben», advirtió el magistrado Cigarruista, en alusión al desconocimiento de las normas por parte de cientos de funcionarios con investigaciones abiertas por malos manejos de fondos por unos 227 millones de dólares.

Expresó, que todo servidor público que asume un cargo en el Estado debe conocer -por escrito- cuáles son sus funciones para evitar que, en un futuro, se vea involucrado en procesos en la jurisdicción de cuentas.

Citó como ejemplo, que los funcionarios no pueden dejar la llave de la oficina a un compañero o a la secretaria, porque si se pierde un bien del Estado, los responsables serán ellos. «Ya hay consecuencias, porque nosotros estamos obligados a juzgar sus actuaciones dolosas y culposas», advirtió.

El magistrado Cigarruista destacó, que en «el TC no metemos preso a nadie. Lo nuestro es investigar las lesiones patrimoniales y recuperar los dineros que se robó un mal panameño y que afecta a la población más humilde y desprotegida del país».

Con esta nueva capacitación, que forma parte del proceso de justicia preventiva que adelanta el TC en todo el país, ya se han alcanzado a 6 mil 500 funcionarios del Estado, a quienes los magistrados explican los fundamentos institucionales, principios básicos y competencias de la entidad.

Fiscal General Hormechea demanda juicio del caso del proyecto SAFIRO

Tras una supuesta lesión patrimonial por un monto que sobrepasa los 4.4 millones de dólares en el caso del suministro, instalación, migración y puesta en marcha de un Sistema Integrado de Gestión de Procesos Gubernamentales para 150 unidades ejecutoras de la Caja del Seguro Social, denominado proyecto SAFIRO, se solicitó al Tribunal de Cuentas, llamar a juicio a 11 vinculados, de la mano de la Fiscalía General de Cuentas.

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Dictan Seminario sobre Jurisdicción de Cuentas en el MOP

“Estamos comprometidos con la transparencia y generar reglas claras que mantengan la mesa nivelada para todos los contratistas”, expresó el Ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, en la apertura de la Capacitación en Jurisdicción de Cuentas, dictada por el Magistrado Presidente de este Tribunal, Rainier Del Rosario Franco a funcionarios de esta institución.

 Agregó que es importante para este ministerio conocer cuáles son las mejores prácticas que se deben adoptar en las licitaciones públicas para asegurar su transparencia. En esta capacitación acompañaron al Titular del MOP, la Viceministra del ramo, Librada De Frías y el Secretario General, Ibrahim Valderrama.

 El Magistrado Del Rosario Franco, por su parte, indicó que el Tribunal de Cuentas es una entidad que se constituyó desde inicio de la República, con el fin de juzgar las cuentas de los empleados y agentes de manejo para salvaguardar las finanzas públicas.

 Igualmente, dio importantes recomendaciones para garantizar que los recursos públicos puestos a disposición en las Obras Públicas, se hagan con apego a las normas que rigen las contrataciones públicas, al igual que brindó datos importantes a los funcionarios sobre las consecuencias jurídicas que acarrea un proceso por lesión patrimonial contra el Estado.