El Estado, como creación humana que es, tiene como finalidad brindar una serie de bienes y servicios públicos entre los que destacan la protección a sus ciudadanos, la prevención del crimen, un sistema legal que permita a los ciudadanos resolver sus disputas con el Estado y con sus conciudadanos sin recurrir a la fuerza o a la violencia física, los servicios de salud y educación públicas, además de infraestructuras físicas, de comunicación y de telecomunicaciones, la creación de un sistema bancario confiable y un contexto que facilite que cada individuo pueda perseguir sus fines empresariales o laborales.

El académico estadounidense Robert Irwin Rotberg señala que los estados pueden clasificarse en tres tipos de acuerdo a la eficiencia con que cumpla sus funciones: fuertes, débiles o frágiles y, por último, el estado fallido.

Son Estados fuertes aquellos que poseen el monopolio de la fuerza sobre la totalidad de su territorio y brindan servicios completos y de calidad a sus ciudadanos; son los que cuentan, además, con alta legitimidad política y un vigoroso compromiso con el sistema de leyes. Los Estados frágiles se caracterizan por fallos de gestión, fuertes antagonismos internos, avaricia, despotismo. Los Estados fallidos, por su parte, carecen de legitimidad política y sus gobiernos son incapaces de garantizar la estabilidad social, ni la seguridad y los derechos, ni acceso a bienes para la mayoría de sus ciudadanos.

El movimiento entre estos tres tipos de estados es continuo y la acumulación de acciones empuja la transición de una clase a la otra: se puede mejorar o degradar de acuerdo a la dinámica que rija en la vida nacional.

Por ello, resulta alarmante cuando el sistema legal y la justicia dejan de funcionar o lo hacen de manera selectiva bajo criterios ajenos a las normas. Cuando una influyente élite maneja la mayoría de los recursos nacionales o tuerce la institucionalidad para favorecer sus intereses o proyectos. Cuando ante el abuso cometido en contra de los grupos más débiles y expuestos, la impunidad es la respuesta ofrecida por el Estado. Y, sobre todo, no se puede permanecer impasible cuando la desconexión entre quienes gobiernan y los que son gobernados crece y la fragmentación social se convierte en la nota característica en todos los órdenes.

Nuestra nación está lejos de ser un estado fallido, pero la degradación de orden institucional, político y social que vivimos a diario no anticipa un futuro tan promisorio. Cada golpe propinado a las instituciones de la nación, cada ilegalidad amparada por la impunidad, cada omisión en contra de la ley nos tira escaleras abajo hacia esa lamentable situación que ya caracteriza a un par de naciones vecinas.

No olvidemos que un golpe en el casco de la nave y que no se atienda oportunamente, puede desembocar inesperadamente en el naufragio total con el consiguiente peligro para pasajeros y tripulación.