Desde hace muchos años circulan iniciativas para elaborar una estrategia completa e integral de la movilidad en la ciudad de Panamá y sus áreas vecinas de La Chorrera y San Miguelito.

El objetivo es crear un documento que garantice los derechos de conductores, motociclistas, ciclistas y peatones; y acercarnos a la meta de tener un centro urbano amable, de rostro humano y donde todos se sientan incluidos.

Muchos han puesto como ejemplo a las ciudades europeas con una particular arquitectura, áreas peatonales y en donde se ha desarrollado la movilidad eléctrica. Pero lo cierto es que existen ejemplos más cercanos como la ciudad de Medellín en Colombia, que se ha renovado y cuenta con su “Plan de movilidad Segura” y un “Sistema de Información a la Movilidad de Medellín” que ha logrado buenos resultados.

México, también, en este mes avanza una nueva “Ley General de Movilidad y Seguridad Vial” que estará vigente en todo el país y que establece “las bases y principios para garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”.  Es digno de destacar el interés de reducir las muertes y lesiones graves ocasionados por siniestros viales.

En la misma línea, Panamá acordó la elaboración de un “Plan Nacional de Seguridad Vial” en el 2010, mientras que seis años después se contaba con una idea de tener un Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable. El ministro de Gobierno y Justicia de ese entonces, Milton Henríquez lo presentó a la Asamblea Nacional de Diputados.

Ahora, en octubre de 2020 se ha retomado la idea y se adelante una discusión en primer debate de un “Plan de Seguridad y Movilidad Vial” por iniciativa de los diputados Eric Broce y Eugenio Bernal.

Se tiene el interés de desarrollar la infraestructura vial e impulsar cambios en el sistema de transporte público con el objetivo de disminuir la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito y disminuir la tasa de siniestros viales.

Se está tomando en cuenta a la Organización Mundial de la Salud, que impulsa leyes en los países para mejorar el comportamiento de los usuarios en las vías de tránsito y reducir los factores de riesgo.

De prosperar el proyecto de ley, aumentará la seguridad en las redes de carreteras en el país en beneficio de los usuarios de las vías de tránsito, en especial los más vulnerables (peatones, ciclistas y motociclistas).

Uno de los aspectos más llamativos es que no es la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre el ente rector del plan, sino que será el Ministerio de Obras Públicas, con lo cual se evidencia el interés por mejorar la seguridad de las vías apuntando a la infraestructura.

Pasemos a revisar lo fundamental del plan para valorar su importancia.

Me parece interesante que se identificarán los lugares donde hay más ocurrencia de accidentes con resultados fatales, para focalizar la intervención en la vía. Contar con esos datos permitirá actuar sobre las esquinas o avenidas más peligrosas.

Es necesario, según el proyecto de ley, atender la calidad y seguridad de los pliegos de contratación de obras. También, incluir en la planificación de vías los elementos de seguridad vial considerando a los peatones, ciclistas y motociclistas.

Veremos nuevos diseños adecuados de puentes peatonales, aceras y pasos a nivel en infraestructura vial.

Algo novedoso y necesario es dividir en zonas el espacio urbano para señalar con claridad cuáles son para el tránsito de automóviles, cuáles son aptas para las bicicletas o para las áreas peatonales. Incluso se piensa en separar con barreras de contención a los diferentes grupos. Se reducirá la interacción de los usuarios vulnerables con el tránsito vehicular.

Una situación lamentable y muy común es el atropello en la Vía Interamericana. Para algunos es su autopista de alta velocidad y para otros la calle de su pueblo.

Gracias a este plan, se separarán las carreteras interurbanas de los poblados para reducir la interacción de los usuarios con el tránsito vehicular.

Una gran deuda de la ciudad con sus habitantes es la escasez de estacionamientos. Incluso, se necesitan cerca del Metro para conectar a los conductores con este sistema de transporte y reducir el uso del automóvil. La habilitación y ampliación de espacios de estacionamientos urbano para reducir la circulación vehicular es otro de los objetivos del proyecto de ley. Se promoverá una norma y un plan de incentivos para el desarrollo de áreas de estacionamiento.

Paralela a esta iniciativa legal, se adelanta un proyecto para estimular la cultura de la bicicleta a fin de que los conductores respeten a los ciclistas y se les brinde facilidades para circular sin placa ni licencia.

Otros de los objetivos es preparar personal en las universidades, que se conviertan en expertos en gestión vial, novedosa profesión a tomar en cuenta.

El ente rector del Plan de Seguridad y Movilidad Vial deberá contar con suficiente presupuesto para cumplir con las funciones encomendadas.

Seguramente varias de estas medidas requerirán una importante inversión pública, sin embargo es necesario hacerlo porque salvará vidas y brindará bienestar a la población en general.