Las buenas noticias, también se destacan. Y es que en los primeros días de este nuevo año, el ambiente fue protagonista de una: la creación de una Fiscalía Superior del Ambiente.
La comunidad de ambientalistas aplaude esta decisión que implica ordenar la justicia ambiental.
La evolución de los delitos ambientales en nuestro país, los vinculan a otras modalidades más graves como el tráfico de drogas, trata de personas, defraudación aduanera y fiscal, corrupción de servidores públicos, obligó al Ministerio del Ambiente a urgir la creación de un organismo que investigue y procese delitos ambientales.
La solicitud presenta en noviembre pasado y que lleva la rúbrica del titular de la cartera Milciades Concepción al Procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, está sustentada en la Ley General de Ambiente de 1998, que incorpora esa figura además de la constitución de cinco Fiscalía de Circuito.
La crisis ambiental “ocasionada por el modelo de desarrollo económico, entre otros factores han incidido en el uso insostenible de los recursos naturales y destrucción de ecosistemas terrestres y marinos”, expresó Concepción en su argumentación.
La tala y tráfico ilegal de especies de flora y fauna de vida silvestre “suelen ser cometidos por grupos criminales organizados que operan a nivel internacional, dada la alta demanda de estos recursos naturales y especímenes, en el mercado asiático particularmente”.
Destino Panamá, elevó una consulta al ministro Concepción, para conocer el estado de esta solicitud, e informó que el pasado 4 de enero se creó la Fiscalía Superior de Ambiente.
El procurador Ulloa, designó a la fiscal Fátima Sánchez Marciaga al frente de esta fiscalía.
«Una deuda que fue saldada 22 años después de la creación de la Ley General de Ambiente»
Con este paso, la institución consolida una estrategia ambiental que conduce a un compromiso en la prevención y sanciones de las faltas y delitos ambientales.
Durante el período 2015-2018 la defensa del medio ambiente se incrementó.
Comunidades a lo largo del país, se organizaron en una lucha por preservar el medio ambiente y el derecho a la calidad de vida.
Muchas de ellas fueron criminalizadas civil y penalmente por los presuntos infractores, dejando un sabor amargo en una experiencia en que la justicia no se inclinó por la protección de los recursos naturales del país.
Hoy, surge otro camino que se espera sea más justo y en defensa del interés colectivo en una demanda por hacer una realidad, la justicia ambiental.
