Es cierto: “protestar no es un crimen”, no se puede ni se debe judicializar el pronunciamiento social. Panamá ha tenido en las marchas, en las manifestaciones multitudinarias, una larga tradición que nadie podrá evitar ni negar. Ni siquiera lo que hoy los medios, con razón, llaman “brutalidad policial”.

Ambas, protesta y acción policial, integran un conjunto a menudo presente en las acciones políticas de cualquier parte del mundo, y mientras que la protesta, en sus distintas manifestaciones, ha sido la herramienta por excelencia, la represión de la misma ha contado con un rechazo unánime en el planeta porque se trata, también de una herramienta que utiliza el Estado, no siempre con la mesura que esta reclama. Lo mismo se puede decir de algunas protestas que en ocasiones rebasan los límites tolerables en la coyuntura.

La que se registró este jueves en Ciudad de Panamá se produjo en el contexto de una realidad que hoy también los medios marcan en sus primeras planas. Una situación de crisis pandémica que incorpora tres mil 348 nuevos casos para totalizar 203 mil 295 y 42 nuevas defunciones para elevar a tres mil 481 el número de panameños fallecidos a causa del covid-19.

Desde marzo de este año, cuando comenzó oficialmente la pandemia, las autoridades sanitarias de Panamá y el mundo, han subrayado lo vital que es evitar aglomeraciones que multiplican los contagios y en consecuencia las muertes. Las cifras de Panamá y el mundo demuestran el drama por el que atraviesa la humanidad. Claro que cada quien es libre de elegir su forma de morir, lo que no se puede es imponerla a los demás bajo cualquier pretexto.

El de ayer fue “el bono digital” retirado a los menores de 25 años que dependen de sus familias. Habrá que ver en los próximos días cuántos de los asistentes o los participantes por consecuencias en las protestas resulten positivos del covid-19, sin contar con la violación en sí que es la propia manifestación. Es posible que los dirigentes de las protestas, de mantenerlas, deban considerar medidas de bioseguridad, porque resulta imposible negar el riesgo que implican estas acciones para la salud.

Claro que nada, ninguna de esas realidades justifica la “brutalidad policial”. Es más, las autoridades deberían contemplar la presencia distante de las fuerzas del orden público de las protestas.

Lo que no se puede admitir, y que actúa contra las propias autoridades, es la agresión que se vio este jueves contra estudiantes y periodistas. Reiterada por demás. Es la segunda ocasión en que, inexplicablemente, se percibe un ensañamiento particular hacia los trabajadores de la prensa.

Que el policía o la policía fue agredida…eso tampoco justifica la reacción. Las unidades de control de multitudes es un cuerpo entrenado para eso, para controlar multitudes sin perder la paciencia, sin dejarse vencer por las provocaciones, cualesquieras que ellas sean, y eso lo sabe perfectamente bien la policía.

Dos cosas entrañan las protestas de ayer, la salud y la política. Mientras que los dirigentes deben estudiar responsablemente las formas como llevarán a sus dirigidos a las protestas minimizando los riesgos de nuevos contagios y muertes, la policía debe saber que detrás de todas sus acciones hay un balance político que se le carga al gobierno, porque esas agresiones tan evidentes y cargadas de odios resultan sospechosas a la luz de una evaluación seria.

Sanciones contundentes a los responsables policiales deberían sellar este tipo de conducta, porque nada, absolutamente nada, justifica esas acciones.