El escándalo actual es sobre el cardenal Theodore McCarrick, en Estados Unidos. Pero antes fueron Marcial Maciel y los Legionarios en México, los pederastas de Boston, Fernando Karadima  en Chile, Luis Fernando Figari y el Sodalicio en Perú. Y son los abusadores del Opus Dei en España, poner algunos  ejemplos de una lista tan larga como la historia del catolicismo.

En todos los casos hubo una dinámica de ocultamiento y encubrimiento que, como ha destapado el Informe McCarrick, llegaba hasta el Vaticano, donde tanto Juan Pablo II -con la ayuda de su secretario de Estado, Ángelo Sodano, y su secretario personal, Stanislao Dziwisz-  como Benedicto XVI no quisieron  frenar los abusos sexuales y de poder en su cúpula. Hay sospechas de complicidad de parte del papa Francisco.

«En el momento del nombramiento del arzobispo en Washington Theodore McCarrick en el 2000, la Santa Sede actuó sobre la base de información parcial e incompleta. Desgraciadamente, se cometieron omisiones y subestimaciones, se tomaron decisiones que después se evidenciaron equivocadas», es una de las conclusiones del Informe McCarrick, dado a conocer el martes pasado por el Vaticano, luego de dos años de investigaciones.

El informe de 450 páginas contiene 90 entrevistas con los afectados e incluye el reconocimiento del Vaticano de que ignoró durante 30 años los abusos del cardenal McCarrick.

Investigó los hechos desde 1977, cuando McCarrick fue nombrado obispo auxiliar de Nueva York. Los primeros avisos llegaron una década más tarde cuando un sacerdote acusó a McCarrick de haber tenido relaciones con otro religioso y de intentarlo con él. Luego comenzaron a acumularse denuncias internas de pederastia y abusos a seminaristas. Pero el sacerdote fue designado arzobispo en Washington.

Juan Pablo II pidió consejo en el 2000 a los obispos estadunidenses y estos respondieron que tenían constancia de que McCarrick “había compartido cama con hombres jóvenes, pero no existía la certeza de que hubiera tenido con ellos ninguna mala conducta sexual”.  Esas explicaciones fueron suficientes y un año más tarde lo hizo cardenal.

Durante el pontificado de Benedicto XVI el Vaticano pidió al cardenal que dimitiera de forma “espontánea” y se retirara a la vida privada. Pero éste se negó, como también lo hizo ante las recomendaciones de Roma de que mantuviera un perfil bajo. McCarrick, tiene ahora 90 años.

El asunto llegó a manos de Francisco, que en el 2017 inició un proceso por el que McCarrick fue reducido al estado laico y despojado de sus funciones, después de que llegaran las primeras acusaciones de un menor a la arquidiócesis de Nueva York.

El cardenal Carlos María Viganò, tras su renuncia en el 2016 como Nuncio Apostólico en Washington, publicó una dura carta contra el obispo de Roma. «El papa Francisco debe ser el primero en dar un buen ejemplo a los cardenales y obispos que encubrieron los abusos de McCarrick y renunciar junto con todos ellos», señaló.  Luego desapareció de la vida pública por temor a que atentaran contra su vida.

En ese momento Francisco no desmintió la versión de Viganò y dijo que “cuando pase un poco de tiempo, quizás yo hable».

La actitud cómplice del Vaticano en el caso McCarrick, es un ejemplo de la forma de actuar de Roma ante la pederastia. Ha permitido que muchos sacerdotes pederastas hayan muerto  o vivan una jubilación dorada, sin haber pisado la cárcel ni tener que dar explicación alguna sobre sus atrocidades.

Silencio y encubrimiento

Algunos, como el depredador  Bernard Preynat, que durante dos décadas dirigió campamentos infantiles y  llegó a violar a cuatro o cinco niños por semana de entre siete y 15 años de edad, como él mismo reconoció en el juicio, sí han sido condenados.

Pero solo recibió en febrero pasado cinco años de prisión por parte del Tribunal Correccional de Lyon, mientras que el cardenal Philippe Barbarin, su encubrir y símbolo de las violaciones de menores en el la iglesia católica francesa, se libraba de cualquier responsabilidad civil y un mes después del papa Francisco aceptaba su dimisión sin tener que rendir cuentas a la justicia.

Esa ola macabra ha revolcado a la jerarquía católica en medio mundo. En Alemania, Australia, Chile, España, Estados Unidos, Irlanda, Perú, Reino Unido y una larga lista que incluye prácticamente a todos los países de la que no escapa Panamá.

Precisamente la conferencia episcopal panameña y su arzobispo José Domingo Ulloa fueron cuestionados en la cumbre sobre pederastia organizada en febrero del año pasado en Roma.  Ulloa no entregó un informe sobre la responsabilidad de los obispos, la rendición de cuentas y la transparencia sobre los casos descubiertos. El papa Francisco pidió a la jerarquía católica de cada país que se reunieran con las víctimas y preparado un documento  detallado sobre las medidas de mitigación adoptadas.

Ulloa no atendió esa instrucción  y en la reunión de Roma trató de esquivar la responsabilidad  señalando que los abusos a menores no solo se circunscriben al ámbito eclesial, sino que también se dan en otros círculos de la sociedad panameña. Hasta el momento solo ha reconocido 10 casos de abusos sexuales por parte de sacerdotes y aseguró, sin presentar pruebas, de que ya están resueltos.

El silencio y el encubrimiento logran que los casos prescriban. Que se denuncien tarde. Que los pederastas no paguen. Como sucedió con el cardenal George Pell, condenado en dos instancias, pero considerado inocente por el Tribunal Supremo australiano. O la situación del cardenal Bernard Law de la arquidiócesis de Boston, que huyó al Vaticano y jamás fue juzgado por las autoridades estadunidenses.

Ese caso, denunciado por el diario The Boston Globe, puso al descubierto cómo al menos 70 sacerdotes abusaron de cientos de menores. Solo un sacerdote, John Geoghan, reconoció haber violado a 130 niños. Geoghan fue asesinado en el 2003 en una cárcel de Massachusetts, donde cumplía una condena de 10 años por abuso de menores, de la que esperaba cumplir solo la mitad.

En Boston, las altas esferas eclesiásticas permitieron que los abusadores volvieran al ministerio público, tras cortas estancias en centros de rehabilitación. Pero sabían desde 1985, de acuerdo a un informe confidencial de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos que en el caso de los sacerdotes pederastas “no hay esperanza de que se curen”.

Inicialmente la arquidiócesis acordó indemnizar a unas 500 víctimas de abusos sexuales, pero al darse cuenta de que las demandas eran superiores a los $25,000 millones, se echó para atrás al considerar que quedaría en ruinas.

Maciel, el mayor abusador 

Como McCarrick, Marcial Maciel fue, posiblemente,  el mayor depredador en la historia reciente de la iglesia católica. Abusó de centenares de niños durante décadas, muchos de los cuales acabaron convirtiéndose en victimarios dentro de un entramado corrupto y de silencio, en el que Maciel era intocable. Y, lo que es  peor, las víctimas eran las culpables.

Los Legionarios de Cristo tardaron más de tres décadas en reconocer los abusos de su fundador, protegido como en el caso de McCarrick por Juan Pablo II y su fiel secretario personal por cuatro décadas, el obispo Stanislao Dziwisz, que ahora también ha sido acusado de ocultar abusos en Polonia.

La contrapartida, en ambos casos, era evidente: una fuerte financiación proveniente de México y Estados Unidos, y nuevas vocaciones sacerdotales para el proyecto de involución en la iglesia católica. Roma cumplió, ninguno pisó la cárcel.

Otro caso sonado es el del sacerdote Fernando Karadima, uno de los depredadores más letales de Chile, que durante décadas hizo y deshizo a su antojo en la iglesia católica de ese país donde llegó a ser considerado como un santo.

La periodista chilena, Maria Olivia Monckeberg, escribió en el 2011 un libro titulado «Karadima, el señor de los infiernos», en el que detallaba las atrocidades cometidas con menores por el ahora excura.

Karadima fue expulsado del sacerdocio por el Vaticano en el 2018 y sentenciado a una vida de penitencia y oración. Se le prohibió tener contacto con antiguos feligreses o realizar cualquier acto eclesiástico de forma pública. La justicia chilena no pudo enviarlo a prisión porque las acusaciones en su contra se remontaban a la década a los años de 1980 y mitad de 1990 y los delitos habían prescrito.

En el vecino Perú, fue escandaloso el caso de Luis Fernando Figari, fundador del Sodalicio de Vida Cristiana, una organización de supuesta vida apostólica adscrita al Vaticano desde 1971. Pero  no fue otra cosa que una fachada para cometer toda suerte de violaciones sexuales a menores, secuestros, lesiones graves y asociación ilícita.

Ante las numerosas denuncias, Figari fue convocado al Vaticano para dar explicaciones. “Condenamos sus graves y deplorables actos”, fue la reacción de Roma.

A través de una carta, Roma le comunicó a Alessandro Moroni, actual presidente de Sodalicio, que Figari no volvería a Perú y sería enviado a un lugar de penitencia, donde quedaría enclaustrado, luego de reconocer los abusos de naturaleza sexual, psicológica y física cometidos. El Vaticano lo sacó de Perú para que no enfrentara la justicia por delitos que establecen condenas de hasta 18 años de cárcel.

“En el caso del Vaticano un encubrimiento asqueroso, repugnante a un delincuente que abusó de personas menores de edad. Es una vergüenza y cualquier católico  debería estar en desacuerdo con esa medida», fue la reacción del exsodálite José Enrique Escardó.

Casos de Opus Dei

En una entrevista la semana pasada con el diario español La Razón, Juan Cuatrecasas, relató los abusos sexuales de que fue víctima cuando cursaba el primer ciclo de secundaria en Gaztelueta, el colegio exclusivamente masculino que el Opus Dei tiene en Bizkaia -Viscaya en español- una de las tres provincias del país vasco.

La Audiencia de Bizkaia, condenó en el 2018 al profesor del Opus Dei  José María Martínez Sanz, que abusó de Cuatrecasas, a 11 años de cárcel por esas violaciones.  Pero dos años después, el Tribunal Supremo rebajó la condena a dos años con el argumento de que la víctima no contó desde el principio los episodios más graves que sufrió.

Otros profesores abusadores de estudiantes del colegio Gaztelueta no han rendido cuentas ante la justicia y viven plácidamente como intocables en una casa propiedad de la temible secta Opus Dei, lo que representa una burla para la víctimas y sirve de caldo de cultivo parea otros depredadores.

Desde sus orígenes en 1928, su fundador Josemaría Escrivá de Balaguer –canonizado por Juan Pablo II en el 2002- se especializó a captar para el Opus Dei a figuras de la vida política, económica, social y militar de los países donde opera.

A esa secta católica pertenece, según medios de prensa, el expresidente Juan Carlos Varela y tiene como jefe de los numerarios en Panamá, al español nacionalizado panameño, Miguel Esbrí, exsecretario de Metas del pasado gobierno panameñista.