Los daños causados en nuestro territorio por el paso de la depresión tropical Eta no pueden cuantificarse. Diecisiete vidas perdidas y una considerable cantidad de hogares arrasados por las aguas y los deslaves. Vidas y hogares que atesoraban historias en la memoria de los que se fueron y que perdurarán en los corazones de los que sobreviven.

Pero, las otras pérdidas pueden ser etiquetadas con cifras. Y las del sector agrícola fueron cuantificadas en cerca de once (11) millones de dólares. Los rubros más afectados fueron el arroz y el plátano; le siguen las legumbres y hortalizas con daños considerables en los cultivos de zanahorias, tomates, lechugas, repollos, apio, coliflor y berenjenas entre otros. Además de los graves daños causados a las vías de comunicación: puentes y carreteras vitales para el transporte humano y de mercancías.

En respuesta a la tragedia, el gobierno aprobó la Resolución de Gabinete 85 del 7 de noviembre de 2020 que declaró emergencia ambiental y que asigna un presupuesto de cien (100) millones de dólares para mitigar los daños causados por el golpe de la tormenta en las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, Coclé, Herrera, Panamá, Panamá Oeste y la comarca Ggabe Buglé.

En la memoria ciudadana permanecen grabados los recientes y variados escándalos ocurridos desde principios de la pandemia que nos azota al igual que al resto del mundo: los más de ocho millones utilizados por la planilla 002 para pagarle a “colaboradores” de la Asamblea sin que se brinde a la ciudadanía el desglose de dicho gasto; los sobreprecios infames a los ventiladores requeridos para los afectados del covid-19; los sobreprecios, también, en las mascarillas adquiridas por algunas instituciones y, como cereza del pastel, los más de veintidós (22) millones cedidos a esa misma asamblea que aún no rinde cuentas de la perversa planilla 002.

Cien millones es una fortuna: aún en este país donde los funcionarios derrochan a manos llenas en medio de las carencias del resto de la población. El uso de esa cantidad para ayudar a las regiones afectadas, requiere sustentarse sobre dos conceptos básicos que la situación presente exige: eficiencia y transparencia.

Eficiencia para que los recursos disponibles sean utilizados causando el mayor bienestar posible a la mayor cantidad de ciudadanos. Y transparencia para que el país tenga conocimiento detallado de las acciones tomadas, el uso dado a los recursos estatales-entre ellos los cien millones- y los resultados obtenidos.

En este momento, transitar por el camino contrario- el del secretismo, el nepotismo y los chanchullos acostumbrados- únicamente logrará empujarnos más cerca del precipicio del descontento, la violencia y la inestabilidad social. Ese no es el futuro que sueñan las mayorías.