Una antigua república soviética, con apenas 1.3 millones de habitantes, es- hoy día- el país más digitalizado del mundo.

El 99.8 % de los trámites oficiales de Estonia- unos 1,789 en total-, pueden llevarse a cabo en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Existen únicamente tres que obligan a presentarse físicamente: matrimonio, divorcio y trámites inmobiliarios.

Por lo demás, solo se precisa de una conexión a internet para ejercer el sufragio, registrar cualquier tipo de empresa, renovar la licencia de conducir, realizar la declaración de renta, consultar recetas, acceder al historial médico, revisar las notas escolares de los hijos y contactar a cualquiera de sus profesores, entre otros muchos. La firma digital ocupa un lugar de preponderancia en este proceso de modernización.

Esta digitalización intensiva representa para los estonios un ahorro del 2% del PIB anual en gastos y salarios; y un ahorro de dos semanas del tiempo individual de cada ciudadano al no tener que movilizarse ni hacer filas para sus trámites.

Un importante ejemplo que deberían imitar países que, como el nuestro, anuncian estas modernizaciones de sus procesos que no son sino sólo un amago de digitalización. Porque se comienza el trámite en una página web pero, para culminarlo, el ciudadano debe presentarse físicamente a la respectiva oficina gubernamental ya sea para llenar más papeles o, simplemente, pagar por la gestión. En ocasiones, una simple firma exige visitar varios despachos públicos y afrontar largas filas.

Con la aceleración digital que ha empujado la pandemia en otros órdenes de la vida nacional, es el momento apropiado para iniciar una verdadera y efectiva digitalización de los procesos administrativos del estado que tenga como primer objetivo el servicio al ciudadano y, luego, la renovación y modernización de una maquinaria gubernamental anclada en el siglo pasado. Nuestra economía de servicio y el lema “Pro mundi beneficio” así lo exigen.