La Corte Suprema Justicia admitió el amparo de garantías interpuesto por la Contraloría General en contra de la resolución emitida por la Procuraduría de la Administración a través de la que se inició una investigación para esclarecer la denuncia presentada sobre la supuesta pretensión del ente fiscalizador de otorgar un contrato por la suma de 49 mil 487 dólares con 50 centésimos de manera directa para asesoría en materia de imagen y relaciones públicas para esta entidad.

A través de un comunicado, el Órgano Judicial informó que la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López Arias, admitió este lunes 21 de septiembre de 2020, la acción de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesta por la abogada Kathia Rojas de Román, en representación de la Contraloría General de la República, contra la Resolución No. PA/DS-253-2020 de fecha 9 de septiembre de 2020, emitida por la Procuraduría de la Administración.

De igual manera la magistrada López Arias, conforme a lo que establece el artículo 2621 del Código Judicial, ordenó la suspensión inmediata de la ejecución de la orden impugnada mientras se decide la presente acción de Amparo de Garantías Constitucionales.

Además, de acuerdo con el procedimiento establecido, se procedió a correrle traslado de esta admisión, al Procurador de la Administración para que emita un informe dentro del término de dos (2) horas siguientes a la notificación de la mencionada resolución.

El pasado 7 de septiembre de 2020, el abogado Ernesto Cedeño, presentó una denuncia administrativa en contra del ente fiscalizador por el presunto incumplimiento de los deberes del servidor público debido a la supuesta pretensión de erogar la suma señalada.

En base a eso, y a través de la Resolución No. PA/DS-253-2020 de 9 de septiembre de 2020, la Procuraduría de la Administración resolvió iniciar las acciones necesarias y realizar las diligencias preliminares y medidas que se consideren convenientes para esclarecer los hechos denunciados por el abogado Cedeño.