La Asamblea Nacional, aprobó este jueves 17 de septiembre, en tercer debate el proyecto de Ley 155 que establece la Protección a la Primera Infancia y Promoción del Desarrollo Infantil Temprano, que generó críticas de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, por las modificaciones que varían el concepto de primer infancia y  adscriben a la Presidencia de la República y no a las entidades especializadas, la regulación de esta materia, entre otras objeciones.

Alibel Pizarro, del Movimiento de Mujeres, una de las 20 organizaciones que firmaron un comunicado en donde expresan sus objeciones al documento, señaló que “en general es una buena propuesta, pero nuestra oposición han sido contra los cambios que introdujeron algunas diputadas en los debates y porque no nos dejaron participar en el primer ni en el segundo debate”-

Entre dichas reformas, Pizarro, precisó que todo lo relacionado con el manejo y regulación de la Primera infancia quedó bajo el paraguas del Ministerio de la Presidencia. “En lugar de fortalecer la Dirección de Niñez del Mides o de fortalecer a la Secretaria Nacional de Niñez, [la  Senniaf], se crea una Secretaria Técnica en el Ministerio de la Presidencia para realizar esa labor”, apuntó.

Sobre la reforma que adiciona a la obligación de protección del Estado, el beneplácito de los padres y madres, Pizarro afirmó que “hay algo que es el interés superior de los menores y cuando el padre y la madre no respetan los derechos de las o los niños, cuando los violentan, ya sea por negligencia o maltrato el Estado tiene que estar por encima”.

Pizarro, puso como ejemplo el caso reciente de un menor de 23 meses que fue atendido en un hospital del país, al que llegó con múltiples golpes que le ocasionaron la muerte, por lo que se abrió una investigación contra los padres del infante, a los que se conoció que ya les imputaron cargos por homicidio agravado.

También mencionó que “estamos a favor de la primera infancia desde el nacimiento hasta los ocho años, que son años cruciales en la vida de un niño y una niña, en su desarrollo y  crecimiento”. Las reformas amplían el concepto al momento de la concepción del menor.

De acuerdo con la Asamblea Nacional, a través del Proyecto 155 se institucionalizan las garantías sociales, económicas, de educación, de salud, entre otros relevantes aspectos de derechos a la vida en la primera infancia desde cero a los ocho años.

Según los gremios de derechos humanos, establecer la primera infancia de cero a ocho años “contraviene nuestra Constitución y nuestra legislación”. La Constitución  se refiere en diversos artículos a los niños y a las niñas y a las personas en general, entendiéndolos como sujetos de derechos una vez hayan nacido. Además precisan que el ordenamiento jurídico panameño ya incluye la protección de la madre embaraza y el producto del embarazo.

Y que los organismos internacionales definen la primera infancia como “un periodo que va desde el nacimiento a los ocho años de edad, y constituye un momento único del crecimiento, en que el cerebro se desarrolla notablemente”.

El legislativo, en una nota de prensa destaca que la normativa, le otorga al padre de familia el derecho primario a la educación de sus hijos y ampara a la familia como el eje fundamental de la sociedad panameña.

Al respecto los gremios de la sociedad civil, precisan que “los derechos de los niños y niñas en primera infancia serán considerados Derechos Humanos fundamentales, su acceso y garantía no estará supeditado a consideración o circunstancia alguna”. Igualmente destacan que la Convención de los Derechos del Niño reconoció que los niños y las niñas son titulares de sus propios derechos y por tanto no son receptores pasivos de la caridad, sino protagonistas con la facultad para participar en su propio desarrollo.

Según el boletín de prensa de la Asamblea Nacional, el documento aprobado en tercer debate establece que “el acceso, la garantía o cumplimiento no estará supeditado a consideración o circunstancia alguna, pero siempre teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores y otras personas responsables del menor ante la ley”.

La ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, quien recibió cortesía de sala junto a su colega de Educación, Maruja de Villalobos, precisó que la aprobación de este proyecto es un mensaje de esperanza para la niñez, la familia y el país.

Recordó que es parte del Plan Colmena que define las políticas del Estado en favor del desarrollo de la niñez y al mismo tiempo de su educación.

Dentro de la norma se establece una Comisión de Alto Nivel para la Primera Infancia, integrada por representantes de los ministerios de Salud, Desarrollo Social, Economía y Finanzas, Educación y de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

Para el cumplimiento, también habrá un Consejo Consultivo de la Primera Infancia, que estará integrada por 17 representantes de entidades gubernamentales y de la sociedad civil.

También tendrá una Secretaría Técnica de Atención Integral de la Primera Infancia, que estará adscrita al Ministerio de la Presidencia. En este punto también los gremios de la sociedad civil, precisaron que los cuidados y atención que se den a los infantes deben ser especializados y profesionalizados, por lo que propusieron que fuera la Senniaf y el Mides las entidades encargadas de dicha secretaría, para lo que solicitaron el fortalecimiento de ambas.