El servidor público que paralice una obra licitada ocasionando un deterioro significativo podrá ser sancionado hasta con 8 años de prisión si la cuantía supera los 500 mil dólares. Así lo establece el proyecto de Ley, No 28, aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional de Diputados, este miércoles 26 de agosto y que queda a la espera de sanción del presidente Laurentino Cortizo para convertirse en ley de la República.

El artículo 365 A del proyecto de Ley No 28, que adiciona al Código Penal disposiciones relativas a la paralización y deterioro de obras públicas. Además añade  que si el responsable de ordenar la paralización de la obra, es un superior jerárquico, la pena para este será de 5 a 10 años de prisión.

Esta iniciativa legislativa fue presentada por la diputada Mayín Correa, quien destacó que su propuesta va encaminada a sancionar a aquellos servidores públicos que, con dolo, culpa o por inobservancia en el ejercicio de sus funciones, ocasionen la pérdida por la paralización de obras financiadas, total o parcialmente, con fondos públicos.

“Estas conductas, contribuyen a la pérdida, despilfarro, malversación de los caudales estatales utilizados en la inversión en obras, por lo cual, quienes incurran en las mismas deben ser sancionados ya que constituyen una clara violación al deber de probidad que en razón de sus cargos les está confiando al servidor público y una lesión a los intereses patrimoniales del Estado, la cual debe ser tipificada como delito y como tal castigada”, puntualizó Correa en la exposición de motivos del proyecto de ley.

En la sustentación de la propuesta de ley, Correa afirma que las conductas descritas que se proponen tipificar como delitos están relacionadas  con la pérdida, paralización y deterioro de obras construidas con fondos públicos, igualmente se hace extensiva a la administración de servicios básicos, por parte de servidores estatales, como agua, telecomunicaciones, gas, telefonía en empresas donde el Estado tiene participación.

Precisa la diputada que,  tal situación implica un menoscabo patrimonial para el Estado, que pierde estas inversiones y la vez un perjuicio para los ciudadanos, que se ven privados de estas obras.

“La probidad, honradez, responsabilidad y capacidad, son valores que deben imperar en la conducta del servidor público en el ejercicio de sus funciones, ya que son garantías para un eficiente servicio público a la sociedad en su conjunto”, manifestó Correa.

Y es que la diputada y exalcaldesa del distrito capital, presentó esta propuesta enfocada en lo sucedido con la obra de la Ciudad Hospitalaria, que tiene 10 años de retraso en su construcción, y cuya ejecución se inició en la administración del expresidente Ricardo Martinelli, (2009-2014), y cuyo desarrollo fue paralizado durante la administración siguiente, liderada por el exmandatario Juan Carlos Varela (2014-2019).

Tras la situación sanitaria originada por la pandemia del Covid-19, quedó al descubierto la falta de un sistema hospitalario robusto y en condiciones óptimas para brindar un servicio eficaz a la población. Al respecto la diputada, criticó la paralización del proyecto de la Ciudad Hospitalaria durante la administración del expresidente Varela, tras argumentar que en estos momentos se hace necesaria.

La Ciudad Hospitalaria, luego Ciudad de la Salud, cuya orden de proceder fue entregada en mayo de 2012, con un costo proyectado de 517 millones 507 mil 127 dólares, se contempló como un conjunto de edificios que albergarían especialidades como pediatría, cardiología, medicina interna y  consultas materno-infantil; entre otras.

Durante el tercer debate, los parlamentarios apoyaron el documento y destacaron que la obra de la Ciudad Hospitalaria nunca debió paralizarse.