Diego Quijano, presidente de Corprensa, que edita los diarios La Prensa y Mi Diario, anunció este lunes 6 de julio que sus abogados presentaron una fianza por un monto de 1 millón 130 mil dólares, junto a la petición de levantamiento de secuestro, en el Juzgado Decimoquinto Civil, que el pasado 22 de junio ordenó la acción dentro de la demanda por 5.5 millones de dólares que presentó el expresidente Ernesto Pérez Balladares contra dicha corporación en 2012 por presuntos daños y perjuicios.

De acuerdo con Quijano, la presentación de la fianza era “el único recurso que teníamos a nuestra disposición” y aunque no se tiene garantizado el resultado confían en el derecho prevalecerá, porque dijo: “la ley está de nuestro lado”.

El presidente de La Prensa, reiteró que ante estas acciones legales, la empresa se ha quedado sin la capacidad de poder realizar el pago de salario a sus  colaboradores.

No obstante, afirmó que la empresa buscará el mecanismo que les permita seguir operando a largo plazo, hasta que se resuelva el caso se encuentra en la primera etapa, a la espera de que el juzgado fije una fecha para la práctica de pruebas.

Para Quijano esta acción, “constituye un precedente contra todos los que se atrevan a criticar a quienes detenten el poder político, a indagar los posibles actos de corrupción y los actos irregulares o violaciones de derechos humanos”.

Este secuestro de acciones que totaliza 1.13 millones de dólares, y que fue decretado por la juez decimoquinta civil, Lina Castro de León, también alcanza las acciones de la subsidiaria Inmuebles Industriales S.A., que es la propietaria del terreno y del edificio donde están las salas de redacción de los periódicos La Prensa y Mi Diario, así como la rotativa y las oficinas administrativas de Corporación La Prensa.

Este caso data desde 2012, cuando el expresidente Pérez Balladares interpuso una demanda civil contra el diario por presuntos daños y perjuicios, tras las publicaciones del 21 y 22 de marzo de 2011 en las que se informó que el exmandatario podría ser objeto de una segunda investigación penal por supuesto  blanqueo de capitales. A través de esta demanda el exmandatario reclama en total  la suma de 5.5 millones de dólares por daños y perjuicios.

Equipo legal de expresidente habla

Por su parte, el equipo legal del exmandatario también realizó una conferencia sobre el tema, presidida por el exsecretario de la Procuraduría General, José María Castillo, quien afirmó que el objetivo de este recurso legal  “no es perjudicar la libertad de prensa ni al periodismo”, y lo justificó, precisando que “por eso no se demandó al periodista que firmó la nota.

También señaló que en ningún momento se pretendió secuestrar la administración o maquinaria de los dos diarios de la corporación periodística con el fin de que cesaran funciones. Precisó que la acción de secuestro se tomó como medida de presión para que la demanda, que ya lleva 8 años de haberse presentado, no se dilatara más.

Castillo recalcó que “no se puede restringir el derecho a defenderse de una noticia calumniosa».

El abogado del expresidente Ernesto Pérez Balladares dijo que el diario La Prensa “tiene que hacer las cosas correctas y retractarse cuando cometen un error”.