Un nuevo estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que 2,7 millones de empresas podrían cerrar con una pérdida de 8,5 millones de empleos, como resultado de la crisis económica derivada de la pandemia Covid-19.

El informe Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación, de la (CEPAL), fue presentado ayer por, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva del organismo en una conferencia de prensa virtual realizada desde su sede central en Santiago de Chile.

El organismo, identificó en su estudio, tres grupos de sectores según la magnitud de los efectos de la crisis económica derivada de la paralización total o de la suspensión parcial de las actividades productivas.  De acuerdo con la CEPAL, estos son fuertes, significativos y moderados, e identificó como los más afectados al comercio mayorista y minorista; las actividades comunitarias sociales y personales; hoteles y restaurantes; actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, y las manufacturas.

“Más de un tercio del empleo formal y un cuarto del producto interno bruto (PIB) de América Latina y el Caribe se generan en sectores fuertemente golpeados por la crisis económica derivada por la enfermedad del coronavirus (COVID-19)”, consigna el documento e indica que “menos de la quinta parte del empleo y del PIB se generan en sectores que serían afectados solo de forma moderada”.

La gran mayoría de las empresas de la región han registrado importantes caídas de sus ingresos y presentan dificultades para mantener sus actividades, ya que tienen serios problemas para cumplir con sus obligaciones salariales y financieras, y dificultades para acceder a financiamiento para capital de trabajo, según el estudio de la CEPAL.

En Panamá, los sectores que registraron las mayores caídas de sus ingresos fueron los hoteles con (-99,4%), la construcción (-86,4%), restaurantes (-85,0%), comercio al por menor (-83,8%) y servicios turísticos (-78,7%), según datos aportados por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, y consignados en el informe de la Comisión.

En Centroamérica, el 50% de las empresas necesitarían entre cuatro y nueve meses para recuperar el nivel de facturación previo a la crisis. Esta situación se agrava entre las microempresas, que necesitarían un período que va de siete meses a más de un año para lograr este objetivo, según la Federación de Cámaras de Comercio.

El mayor golpe lo sentirán las microempresas y las pymes, según la información recopilada hasta la primera semana de junio, estimando que cerrarían más de 2,7 millones de empresas formales en la región, de las cuales 2,6 millones serían microempresas, lo que representaría en términos de pérdidas de puestos de trabajo, unos 8.5 millones de empleos.  Esta cifra, según la CEPAL no incluiría las reducciones de aquellas empresas que seguirán operando.

Según el organismo, el comercio perderá 1,4 millones de empresas y 4 millones de puestos de trabajo formales, mientras que el turismo perderá por lo menos 290 mil empresas y un millón de puestos de trabajo.

Los gobiernos de la región anunciaron un conjunto amplio de medidas dirigidas a sostener la estructura productiva y evitar la pérdida de empleos y la destrucción de capacidades en las empresas, y el organismo identificó 351 acciones, agrupadas en seis categorías según sus objetivos: liquidez, crédito, ayuda directa, protección del empleo, apoyo a la producción, y exportaciones.

Medidas gubernamentales para mitigar la crisis son importantes pero insuficientes

La postergación de pagos y la mejora en el acceso al crédito han sido las acciones más frecuentes para enfrentar la emergencia generada por la crisis actual, suponiendo que las empresas generarán utilidades para devolver los créditos, los impuestos y pagos diferidos, pero las perspectivas – según explica el informe – no indican que eso sucederá por sí solo en un plazo de un par de años ya que, muy probablemente, la recuperación del sector empresarial será lenta y gradual, advierte el organismo de las Naciones Unidas.

La CEPAL propone cuatro conjuntos de medidas. Ampliar los plazos y los alcances de las líneas de intervención en materia de liquidez y financiamiento para las empresas.  Cofinanciar la planilla salarial durante seis meses para evitar la destrucción de capacidades, realizar transferencias directas a los trabajadores autónomos, y apoyar a las grandes empresas de sectores estratégicos que resulten gravemente afectadas por la crisis.

Promueve la postergación o cancelación de los pagos de impuestos, imposiciones previsionales y contribuciones territoriales, o adelanto de las devoluciones de impuestos por lo menos hasta finales del 2020, así como la suspensión del pago de los servicios básicos (luz, internet y gas) sin pago de multas, hasta finales de 2020. la flexibilización de las condiciones de crédito aumentando los períodos de gracia a por lo menos un año y los plazos a cinco años o más, junto con reforzar las operaciones de crédito mediante la banca de desarrollo.

En lo que se refiere a cofinanciar la planilla salarial plantea que se realice según el tamaño de la empresa, desde 30% a las grandes hasta 80% a las microempresas. El organismo estima que la medida tendría un costo equivalente a 2,7% del PIB regional. Por su parte, las contribuciones en efectivo a 15 millones de trabajadores costarían 0,8% del PIB.

Las grandes empresas proveen el 39% del empleo formal y más del 90% de las exportaciones y entre las medidas para la reactivación, la CEPAL incluye, además del cofinanciamiento a la nómina y las mejores condiciones de acceso al crédito, la posibilidad de que el Estado participe en la recapitalización de grandes empresas de sectores estratégicos.

En este ámbito, también es relevante aumentar la eficiencia, transparencia y regulación de los mercados de capitales, afirma la Comisión.

La CEPAL propuso antes de la publicación de este informe, la entrega de un ingreso básico de emergencia (BEI) equivalente al valor de una línea regional de pobreza por seis meses a toda la población de América Latina y el Caribe en situación de pobreza, y la provisión de un bono contra el hambre equivalente al 70% de la línea de pobreza extrema regional

Tanto el ingreso básico de emergencia (BEI), como el bono contra el hambre y los apoyos a las empresas y el empleo son un conjunto articulado de medidas, expresa el comunicado del organismo.

Según el informe, la crisis generará cambios al interior de las empresas y en la organización de las cadenas productivas. Las nuevas tecnologías serán clave en el modelo de funcionamiento de las empresas.

“La búsqueda de mayor productividad y eficiencia tiene que avanzar hacia una transformación sostenible e inclusiva. Las políticas industriales activas serán esenciales para evitar que la crisis lleve al cierre de empresas, pérdida de empleos y costos para el medioambiente”, enfatizó Alicia Bárcena.

La secretaria ejecutiva de la CEPAL resaltó ayer que, la crisis del COVID-19 resalta la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo. Por ello, son necesarias “políticas que permitan atender la emergencia e implementar una estrategia para superar las debilidades estructurales de las economías y sociedades”.