Inversión privada, clave para salvar el Programa de IVM

René Quevedo. Asesor empresarial

Uno de los resultados más reveladores de las Pruebas PISA (2008, 2018, 2022), es que sólo 1 de cada 100 alumnos panameños sabe diferenciar una opinión de un dato, característica bastante arraigada en la que es hoy población adulta, máxime en un entorno de redes sociales. Los “cuentos” pesan más que las “cuentas”.

Por otro lado, un Estudio de la Universidad del Sur de California (“USC study reveals the key reason why fake news spreads on social media”, enero 2023), reveló, entre otros hallazgos, que los usuarios regulares de redes sociales reenvían 6 veces más “fake news” que los usuarios ocasionales.

En este contexto, construímos narrativas de satanización, descalificación y victimización basadas en opiniones, consignas y slogans, sin evidencia.

Realidades “matemáticas” del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)

En un entorno de polarización, satanización, desconfianza, consignas, descalificaciones  y una deteriorada gobernabilidad, comenzó la discusión del nuevo Proyecto de Ley presentado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional para reformar la Ley N° 51, que crea un único sistema de pensiones y propone mecanismos para el manejo y rentabilización de los ingresos del Programa de IVM de la Caja del Seguro Social (CSS).

El problema del Programa de IVM no es ideológico ni político, es matemático, empezando por el hecho de que nuestra economía sólo genera empleo informal, el empleo formal lo genera el Gobierno (con plata prestada), y sólo 18% de los informales cotiza a la CSS.

La informalidad laboral es el principal “enemigo” del Programa de IVM

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), entre agosto 2013 y agosto 2023 se perdieron 25,705 asalariados privados, pero se agregaron 77,234 funcionarios y 235,480 nuevos informales a la economía.

Es decir, que cada trabajador formal privado que perdió su empleo en esa década fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 9 informales, síntoma del proceso de precarización y estatización laboral más severo de la historia, producto de la pérdida de la confianza en el clima para la inversión privada.

De cada 4 empleos creados entre el 2013 y 2023, 3 fueron informales y el otro fue un funcionario. De hecho, en agosto 2023 había casi la misma cantidad de asalariados privados (853,938) que en agosto 2012 (853,663). Sin embargo, sólo el 18% de los informales cotiza a la CSS.

Empleo informal

Un Informe de la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), publicado en septiembre 2015 bajo el título de “El Trabajo Informal en Panamá”, especifica los criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que define el empleo informal como “empleo no protegido”.

El documento del MEF (página 10) cita cinco colectivos:

1. Empleados de empresa privada sin contrato de trabajo

2. Trabajadores por cuenta propia (aunque coticen a la CSS)

3. Patronos, cuyas empresas cuenten con menos de cinco empleados

4. Personas que prestan servicio doméstico

5. Trabajadores familiares.

En otras palabras, todo aquel que no está “emplanillado” (a) en el Gobierno o la empresa privada es, por definición, informal.

Alta precariedad en los sectores que generan la mayoría de los empleos

Según cifras del INEC a agosto de 2023, había 8 sectores que representaron 68% de los empleos en la economía (y 70% de los empleos de jóvenes entre 15 y 29 años). En el período 2013-2023, estas actividades, como bloque, aportaron 100% empleo informal y hoy muestran niveles de informalidad superiores a la media nacional (47.4%).

Estos sectores son Agricultura (74% informalidad), Comercio (54%), Construcción (73%), Industria (64%), Logística (61%), Hoteles & Restaurantes (62%), Actividades de Apoyo Administrativo (51%) y Otras Actividades de Servicio (87%).

Grado de inversión, gobernabilidad y consensos

El 28 de marzo 2024, Fitch Ratings le quitó el Grado de Inversión a la deuda soberana panameña. Su informe comienza señalando: “La rebaja de la calificación de Panamá a ‘BB+’ refleja desafíos fiscales y de gobernanza que se han visto agravados por los acontecimientos que rodearon el cierre de la mina más grande del país…”. Finaliza el primer párrafo con las siguientes palabras… “El cierre de la mina de cobre de Minera Panamá complica aún más las perspectivas fiscales y pone de relieve los crecientes desafíos de gobernanza que enfrenta el país…”.

El 12 de septiembre, Renzo Merino, vicepresidente y analista senior de Moody´s, señaló que las reformas fiscales, el manejo de la deuda y otras reformas, requieren que se logre un consenso tanto con la Asamblea Nacional y todos los partidos involucrados como con la población.

Agregando a este complejo panorama fiscal, los ingresos corrientes acumulados a septiembre 2024 que marchan $1.148,2 millones (18,9 %) por debajo de lo presupuestado y 4.4% menos de lo recaudado al mismo período del 2023.

Dos preguntas clave

Caben entonces dos preguntas: ¿Cómo el Gobierno propone aportar $966 millones a la CSS cuando la recaudación hoy está por debajo de lo presupuestado y lo recaudado el año pasado? ¿Cómo vamos a lograr más cotizantes si no mejoramos el clima para la inversión privada?

Tenemos que transmitir confianza de que invertir en Panamá es buen negocio, o seguiremos generando informales y condenando a la CSS a muerte. Para ello, necesitamos un país en paz.

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