Aram Cisneros Naylor. Intérprete económico

La paralización de operaciones de Cobre Panamá desató una crisis económica y humana preocupante por su impacto en miles de familias panameñas.

Dichas operaciones eran un pilar esencial de nuestra economía, pues representaban el 5% del PIB. Para hacer docencia, considero oportuno explicar aquí el modo en que el país solicita préstamos internacionales y la relación de esto con el cese.

Nos financiamos con lo que los especialistas llaman “colocación de bonos”. Esto significa que inversionistas de todo el mundo, participantes de los mercados financieros, compran bonos panameños, nosotros recibimos su dinero y, en una fecha futura, les pagamos con intereses. Entre los criterios para que los compren o no, están la salud y la composición de nuestro PIB.

Por tanto, además de sufrir la pérdida de casi 7 mil empleos directos y 38 mil indirectos, una de las muchas consecuencias del cese, es que la mina ya no aporta al PIB, y al país le costará intereses más altos sus préstamos, desmejorando así las finanzas públicas.

Es oportuno aclarar aquí que, aunque la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato, nunca ordenó la suspensión de actividades. Esa fue una decisión política del gobierno anterior. En una disrupción sin precedentes, eso ahora impacta nuestra estabilidad social.

Las cifras que les enumero no son meras estadísticas. Reflejan vidas afectadas, familias en crisis y comunidades sin esperanza, especialmente en Coclé y Colón, donde el desempleo alcanza el 13%.

Es claro que el vínculo entre la minería y la economía local es profundo. Las pequeñas y medianas empresas que dependían de los contratos con Cobre Panamá, ya redujeron personal o quebraron.

Por ejemplo, Janeth Morales, empresaria de Sourcing Panamá, empresa proveedora de la mina, lo dijo claro: “El gasto de la mina en compras locales sostenía a muchas empresas y generaba un gran efecto multiplicador en la economía local”. Este testimonio evidencia la actual y triste realidad cotidiana de miles de familias. Ese es el rostro del cese: miles sin trabajo.

Además, las inversiones en infraestructura, educación y salud, que eran financiadas por la actividad minera, están ahora en peligro, arriesgando el progreso que había contribuido al desarrollo de estas comunidades, hacia las que nadie mira ahora.

Esta situación es una lección que no podemos ignorar. Para mitigar el impacto, el gobierno, el sector privado y la sociedad civil tienen que actuar rápidamente y en conjunto para reanudar las operaciones de forma sostenible y responsable con el ambiente.

No permitamos que esta crisis afecte irreversiblemente el futuro de nuestra economía ni que las oportunidades profesionales de muchos panameños se desvanezcan.