La desaparición y asesinado del adolescente Juan Diego García puso en evidencia la ineficiencia en el sistema y la demora por parte del Ministerio Público para emitir la alerta Amber
La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo presentará una propuesta para subrogar la Ley N° 230 del 2021, que creó la alerta Amber en Panamá, con el objetivo de salvaguardar la vida e integridad de los menores de edad que en algún momento se encuentren en riesgo por su desaparición e incluso por la sustracción en un momento determinado.
La ley que consta de 10 artículos, debe ser modificada para ofrecer una mejor cobertura. “En su momento de implementación no se contemplaron situaciones con las concesiones que se tenían con telefónicas”, dijo Montalvo, quien admitió que la actual ley entra en contradicción con los protocolos del Ministerio Público.
La medida surge, tras los fuertes cuestionamientos en estos últimos días, por la desaparición del adolescente de 16 años, Juan Diego García, quien había sido reportado desaparecido por su madre el 4 de octubre y no fue hasta siete días después, que el Ministerio Público elevó la alerta Amber pese a las súplicas de la madre del menor.
Lastimosamente, cinco días después que se emitiera la alerta Amber para ubicara al joven que tenía una discapacidad auditiva y de habla, fue encontrado muerto en un edificio abandonado en Albrook.
“Con la desaparición de Juan David hay un llamado claro a que tenemos que modificar los que actualmente tenemos para avanzar con esa protección a los menores”, admitió Montalvo.
La ministra también admitió que la ley que crea la alerta Amber no debió implementarse sin antes haber solucionado el problema con las concesiones que datan desde 1994 que guardan relación con las telefónicas. “Había que atender esas concesiones para implementar la ley”.
También hay un tema con la empresa Apple, para tener la alerta en todos los dispositivos móviles.
Además, no se estableció un presupuesto adecuado. Según Montalvo, se debió establecer un presupuesto de alrededor de $5 millones y solo se contaba con $50 mil en ese momento.
También aclaró que el Ministerio Público maneja y mantiene la competencia privativa de una investigación, en que mantienen protocolos muy específicos sobre todo cuando se trata de menores de edad y otras entidades no pueden participar.
Con esto la funcionaria se justificó, respecto a la demora de activar una alerta Amber. “El Ministerio de Gobierno no activa la alerta, nosotros tenemos que esperar al Ministerio Público a través de un proceso con sus fiscales de la instrucción para subir la alerta”.
“Es una pena que sea precisamente Juan David que nos lleve a un debate que nunca se dio (…) Para nosotros tener una ley como esta tenemos que reformar mucho y permitir cambios dramáticos en nuestra legislación en la protección con los menores (…) En un momento determinado esta ley choca con los protocolos con el Ministerio Público”, reconoció Montalvo.
“Esa madre que está siendo re victimizada una y otra vez por toda esa burocracia (…) Ella solo puede entender que perdió a su hijo (…) Nos corresponde hacer los cambios, sin tanta burocracia y encaminados a una solución. No podemos tener un sistema de alerta Amber que no está funcionando”, añadió Montalvo
El sistema de alerta Amber debe activarse para la ubicación rápida y expedita ante la desaparición o sustracción de personas menores de edad, inmediatamente se tenga conocimiento de su desaparición, rapto, sustracción o secuestro.
