En Panamá la eutanasia o el suicidio asistido no es legal, así lo contempla la Ley 68 del 20 de noviembre de 2003
Mediante consulta ciudadana presentaron este jueves 5 de septiembre, a consideración de la Asamblea Nacional regular la eutanasia y el suicidio asistido en el país, con el objetivo de aliviar el sufrimiento de personas con enfermedades terminales o incurables.
El proponente es José Luis Santamaría Samudio y el anteproyecto de ley busca establecer un marco legal en el país que permita a las personas que se encuentran en situaciones médicas extremas optar por una muerte digna, respetando sus derechos, autonomía personal y asegurando el cumplimiento de estrictos criterios y procedimientos para evitar abusos.
De llegarse a aprobar, tanto la eutanasia como la muerte asistida estaría a cargo de un profesional de la salud.
Entre los requisitos para la eutanasia y el suicidio asistido, se plantea que el paciente debe ser mayor de edad y capaz de tomar decisiones libres y conscientes. También debe padecer una enfermedad grave e incurable o un sufrimiento físico o psíquico insoportable que no pueda ser aliviado de otra manera.
La solicitud de aplicar esta opción, debe ser voluntaria, bien informada y expresada de manera reiterada sin presiones externas.
Además, tiene que ser evaluado por dos médicos y uno de ellos debe ser especialista en la condición que sufra el paciente, deben evaluar la solicitud y confirmar que se cumplen los requisitos.
De igual forma, establece que los profesionales de la salud tendrán derecho de objetar la participación en el procedimiento por razones de conciencia, debiendo remitir al paciente a otro profesional que esté dispuesto a llevar a cabo el procedimiento.
En el artículo 4, donde especifica el procedimiento, establece que el paciente deberá de presentar su solicitud por escrito y firmada en presencia de dos testigos ante notario que certifiquen que la solicitud es voluntaria y se debe conocer un periodo de reflexión de 15 días entre la solicitud y la ejecución de la eutanasia o el suicidio asistido.
Este medio conoció que la propuesta se encuentra en Asuntos Plenarios, instancia que califica el anteproyecto y de allí debería de pasar a asesoría técnica legal de comisiones, que es la que determina si la iniciativa es viable o no.
De ser viable, el anteproyecto pasaría nuevamente a participación ciudadana que convierte el anteproyecto y lo remite a la respectiva comisión para su prohijamiento y continuar su curso con los tres debates.
La propuesta también contempla que “el incumplimiento de las disposiciones de esta ley será sancionado conforme a lo establecido en el Código Penal y demás normativas”.
¿Dónde es legal la eutanasia?
La eutanasia es permitida en países como Australia, Bélgica, Canadá, Colombia, España, Luxemburgo y Nueva Zelanda. Esta medida es válida, siempre y cuando la persona ya no pueda realizar el suicidio medicamente asistido por sí mismo.
Hay países en donde se permite el suicidio médicamente asistido, pero no permiten la eutanasia, como Austria y Estados Unidos, donde hay 10 estados en donde se permite, incluyendo la capital, y luego está Suiza que permite el suicidio asistido.
En varios países hay actualmente proyectos de ley para permitir la eutanasia o el suicidio médicamente asistido como es el caso de Argentina, Uruguay, Chile y en Portugal que se acaba de aprobar, solamente falta que la sancione el presidente.
En Colombia la eutanasia está regulada por la Corte Constitucional y la Ley 1733 de 2014. Recientemente en este país suramericano, se conoció el caso de Javier Acosta de 36 años, un joven que decidió someterse a la eutanasia el 30 de agosto para tener una muerte digna.
Acosta, que había quedado hace 9 años en silla de ruedas, contrajo una bacteria hace cinco años en una piscina provocándole una gran infección. Esta bacteria le fue comiendo poco a poco la carne y le provocó cáncer que comenzó a desarrollarse en la cabeza.
El informe del caso de este joven colombiano, ha llevado a que la opinión pública ponga nuevamente atención sobre la eutanasia, como es el caso de Panamá.
