Ordenar el manejo del Estado es una labor monumental y desafiante, pero inevitable. Al asumir las nuevas autoridades electas, se han encontrado con despachos donde reinan los números rojos y las situaciones anómalas que exigen acción inmediata. Como ha expresado la Cámara de Comercio, es crucial presentar denuncias penales pertinentes y que los responsables enfrenten la justicia por el desfalco estatal.

Panamá necesita urgentemente acabar con la impunidad que ha prevalecido en las últimas décadas. Porque es esencial recuperar la confianza ciudadana en el aparato estatal en todos sus niveles, y esa confianza sólo se recuperará si a cada infracción de la ley, siga el castigo correspondiente.

Para materializar un futuro de prosperidad compartida, es imprescindible gestionar con eficacia, dejando de lado el partidismo y el clientelismo político. La administración pública debe centrarse en la efectividad y en la transparencia para garantizar un desarrollo equitativo para todos los panameños. Solo así se podrá construir un país donde la justicia y la honestidad sean los pilares fundamentales del gobierno, restaurando la fe de la ciudadanía en sus instituciones y pavimentando el camino hacia un porvenir más próspero y justo.