En un esfuerzo renovado por combatir la corrupción y promover la transparencia, el Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC) en su segunda fase, implementa una innovadora metodología de evaluación, con el objetivo de monitorear de manera más efectiva el cumplimiento de los compromisos anticorrupción asumidos por los gobiernos de las Américas, en un contexto donde la relación entre corrupción, pobreza y desigualdad se hace cada vez más evidente.

Con la colaboración de más de 150 organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, el OCC se propone profundizar en el análisis de cumplimiento a compromisos claves derivados de la Cumbre de Lima y la Cumbre de Los Ángeles a través de una metodología que incluye el seguimiento de la VIII y IX Cumbres de las Américas y permitirá el fortalecimiento de la capacidad de las OSC para promover agendas ciudadanas para participar en la promoción de políticas y monitorear los compromisos gubernamentales.   

Lo más relevante de esta ronda de implementación será considerar la dinámica de estos compromisos en torno a dos metas: la inclusión de la perspectiva de los grupos poblacionales, que son foco de esta etapa, y la orientación a la incidencia tanto de la producción de información basada en evidencia como de las recomendaciones generadas en los procesos de investigación que resultarán en los Informes País.  

La nueva etapa del OCC se enfocará en seguir de cerca 12 compromisos de la Cumbre de Lima, abordando aspectos cruciales como el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, la transparencia en el acceso a la información, la protección de denunciantes y derechos humanos, y la lucha contra el cohecho, el soborno internacional y el lavado de activos. Además, se dará seguimiento a 18 compromisos de la Cumbre de Los Ángeles, centrándose en áreas como la transformación digital y la transición hacia la energía limpia y sostenible.

Un aspecto característico de esta nueva fase es la inclusión de perspectivas diversas, con un énfasis particular en la participación de grupos tradicionalmente excluidos, como las comunidades indígenas, la población LGBTQ+, jóvenes, mujeres, grupos religiosos alternativos, personas con discapacidad, entre los grupos poblacionales.  

Esta estrategia busca no solo ampliar el espectro de participación ciudadana sino también enriquecer el análisis y seguimiento de los compromisos con una visión más integral.

En su etapa inicial, el OCC logró significativos avances gracias a la cooperación entre diversos actores sociales y organizaciones de la sociedad civil, tales como la Red Latinoamericana y del  

Caribe para la Democracia (Redlad), el Foro Ciudadano de las Américas (FCA) y capítulos de Transparencia Internacional.  

Estos esfuerzos resultaron en la capacitación de organizaciones, la elaboración de informes y la promoción de políticas públicas orientadas a reforzar la lucha anticorrupción.  

Sin embargo, los desafíos persisten, ya que los avances en la prevención, control y sanción de la corrupción aún son insuficientes en la región.  

El OCC reafirma su compromiso de seguir impulsando la transparencia y la participación ciudadana, promoviendo una cultura de integridad y rendición de cuentas en todas las esferas de la sociedad.

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