El acceso a la información sobre el uso y manejo de los recursos públicos es un pilar fundamental de cualquier democracia, y Panamá no es la excepción. La transparencia en la administración de dichos recursos no solo es una exigencia legal, sino también una necesidad ética que asegura la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Cuando se impone una etiqueta de “acceso restringido” sobre esta información, se levantan inmediatamente sospechas y preocupaciones legítimas sobre las intenciones detrás de tal medida.

Restringir información que, por derecho, pertenece al público es un acto que contradice los principios de una democracia sana y abierta. Este tipo de acciones pueden interpretarse como intentos de ocultar prácticas indebidas o malas gestiones, erosionando la confianza pública y alimentando el descontento ciudadano. La transparencia no solo sirve para mantener informada a la población, sino también para prevenir la corrupción y garantizar que los recursos del país se utilicen de manera efectiva y justa.

Es por ello que resulta imperativo adherirse a las leyes de transparencia, especialmente cuando la ciudadanía lo solicita. Responder a estas demandas no es solo un deber legal, sino también un acto de respeto hacia los derechos de los ciudadanos a saber cómo se administran sus recursos, a los cuales contribuyen y de los cuales dependen para su bienestar y desarrollo. La rendición de cuentas es fundamental para fortalecer las instituciones democráticas y fomentar una participación cívica informada y activa.

Por lo tanto, cualquier intento de limitar el acceso a la información pública no solo es un retroceso en la lucha por la transparencia y la integridad, sino que también es una afrenta directa a los principios democráticos que sostienen y enriquecen a la nación. En Panamá, como en cualquier democracia que se precie de tal, es esencial que los ciudadanos exijan y reciban total claridad sobre el destino y uso de sus recursos públicos.