En el panorama político y administrativo actual, una de las reformas más apremiantes es la erradicación de la mentalidad feudal que aún predomina en la gestión gubernamental. Esta visión arcaica se manifiesta cuando los funcionarios, ya sean designados o elegidos, asumen sus cargos y adoptan una postura de superioridad, comportándose como auténticos señores feudales. Bajo esta concepción, se consideran propietarios de poder y autoridad absolutos, ignorando las leyes y normativas que deberían regir su conducta y gestión. Este fenómeno no solo socava los principios de transparencia y rendición de cuentas, sino que también erosiona la confianza pública en las instituciones.

El cambio necesario implica una transformación profunda en la cultura organizacional del sector público, donde se promueva la noción de que ser funcionario es sinónimo de ser un servidor público. Esto significa reconocer que están al servicio de la ciudadanía y que su principal obligación es velar por el bienestar colectivo, más allá de intereses personales o de grupo. La adopción de esta mentalidad sería un paso significativo hacia una administración más eficiente, transparente y, sobre todo, justa.

Mirando más allá de nuestras fronteras, existen ejemplos notables de países donde la administración pública se basa en los principios de servicio, eficiencia y responsabilidad. Es imperativo aprender de estas experiencias y adaptarlas a nuestro contexto, promoviendo políticas y prácticas que fomenten la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas entre los funcionarios. Solo así podremos aspirar a una administración que responda verdaderamente a las necesidades y expectativas de los ciudadanos, y que esté fundamentada en el respeto a las leyes y a los principios democráticos. Este cambio de mentalidad no solo es urgente, sino esencial para la construcción de un gobierno que sirva efectivamente a su gente, marcando el inicio de una nueva era en la administración pública.