El Ministro de la Presidencia, José Simpson presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto que reforma la Ley General de Marina Mercante, con la finalidad de mejorar la competitividad del Registro de Naves y mantenernos a la vanguardia en el sector marítimo.
Durante la presentación del proyecto de Ley, el ministro Simpson señaló que el sector marítimo panameño se encuentra sometido a factores tanto internos como externos que han afectado su competitividad, por lo que es importante darle una atención especial e inmediata.
“Con el propósito de atender las amenazas que enfrenta el Registro de Buques de la República de Panamá, nos hemos visto en la necesidad de adecuar y entrar en una revisión exhaustiva y profunda del Marco Legal de la Dirección General de Marina Mercante, la Ley 57 de 2008”, manifestó.
La Autoridad Marítima de Panamá junto a los principales gremios marítimos y otras instituciones del Estado, culminaron las reuniones para la revisión de la Ley 57 del 6 de agosto de 2008, conocida como Ley General de Marina Mercante.
En total se revisaron 188 artículos, de los cuales se modificaron 70, se eliminaron 10 y se proponen más de 12 artículos nuevos, todos aprobados de manera consensuada por la mesa de trabajo. Estas modificaciones buscan mejorar la competitividad del Registro de Naves y mantenernos a la vanguardia en el sector marítimo.
Simpson explicó que los principales cambios en términos de competitividad y tecnología serían sobre Eficiencia y agilidad en los procesos de abanderamiento, obteniendo patente de navegación con número único en formato digital, código QR, firma electrónica y sin fecha de vencimiento. Flexibilidad del sistema de abanderamiento de naves con una nueva habilitación del propietario. Creación del nuevo régimen de Incentivos o Descuentos. Mejorar la competitividad de la Dirección General. Modernizar los procesos administrativos a través de notificación de correo electrónico
En cuanto a términos de cumplimiento internacional y seguridad jurídica figura la creación de registros de Agentes Residentes de las naves. Incluir la Debida Diligencia a las naves y sus propietarios. Sanciones enérgicas y cancelaciones para los involucrados en la pesca ilegal, no declarada y reglamentada. Fortalecer la transparencia del Registro de Buques. Evitar que la cancelación de una nave no afecte la invalidez de las hipotecas previamente inscritos.
