Panamá y su retorno a la normalidad

Tras más de 30 días de una situación altamente inestable, Panamá tratará de recomponerse en tiempo récord, para afrontar el último mes del año 2023.

Con cierres de calles, manifestaciones, protestas y una huelga en el sector magisterial, el país ha estado sumido en un tiempo de efervescencia que combinó el rechazo ciudadano a la Ley 406, que validaba el contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá, con la cercanía del proceso político que debe desembocar en las elecciones del 5 de mayo de 2024.

Las pérdidas en el sector productivo, comercial y empresarial en el país son multimillonarias. El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Rubén Castillo, cuantificó en más de 500 millones de dólares las pérdidas para la economía del país, sumando el sector agrícola, el comercio y el área de la producción nacional.

Castillo recibió con beneplácito el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley 406, pero enfatizó la necesidad de que «ya cesen los cierres de calles, y que las personas se puedan movilizar libremente y se normalice en país en todos los sentidos».

El abogado expertos en temas del medio ambiente, Harley Mitchell, dejó saber su regocijo por la decisión del supremo tribunal, y enfatizó que ahora toca ver cuáles serán los pasos legales que seguirán, aparte del proceso de cierre formal de la mina.

«Es un momento para celebrar y con esa misma alegría, estímulo y entusiasmo, enfrentar los retos a que nos lleva también el fallo, porque la justicia y aplicar la justicia es una responsabilidad», apuntó.

Los sectores más afectados debido a la situación son el educativo, principalmente entre los estudiantes graduandos, que han perdido más de un mes de clases. Mientras el Ministerio de Educación retuvo el pago de la segunda quincena de noviembre a los docentes en huelga, estos ahora que se dio el fallo de inconstiticionalidad, sugieren una reunión con las autoridades ministeriales, para planear el retorno a clases presenciales, con una posible extensión del calendario escolar 2023.

El sector agrícola también sufrió las consecuencias de los cierres de vías, con pérdidas millonarias en la producción de leche, legumbres, granos, carne de res, de cerdo, aves y tubérculos. En cuanto al turismo, más de 10 cruceros cambiaron su ruta de desembarque para no atracar en Panamá, produciendo junto con los viajes de turistas que no pudieron movilizarse en los tradicionales paseos por la ciudad capital y otros puntos del país, pérdidas estimadas en varios millones de dólares.

Por su parte, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá señaló su regocijo por el fallo de inconstitucionalidad de la Ley 406, destacando que ahora corresponde retomar el rumbo de la producción nacional, para recuperar al país en materia económica.

Mientras, el ex presidente de la República, Martín Torrijos, señaló que las manifestaciones públicas «cumplieron su cometido», y que «la determinación y el coraje de los panameños han sido demostrados una vez más».

La decisión de inconstitucionalidad total de la Ley 406 debe tomar aún tres días para ser ejecutoriada como una sentencia oficial. Contra este fallo, es imposible recurrir. Toca ahora aguardar la siguiente fase del proceso, en la que se espera que la empresa minera recurra al arbitraje internacional. Mientras eso sucede, advierten expertos, la mina no puede operar ni extraer cobre u otros minerales.

Se espera que este miércoles, salvo el sector educativo, las cosas en el país regresen a la normalidad, en cuanto a la circulación vial y la paz social.

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