La Corte Suprema de Justicia emitió este jueves un comunicado sobre las demandas de inconstitucionalidad presentada ante la Secretaria General, en el cual recalca que se debe continuar con proceso relacionado con estas demandas, en el término de tiempo establecido para cumplir con la ley.
El comunicado detalla que entre el 23 de octubre y el 1 de noviembre, fueron interpuestas nueva demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 406 de 20 de octubre de 2023, que adopta el contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá, y que en dos de éstas se dio la apertura del término de alegaciones.
En la demanda interpuesta por Martita Cornejo Robles, este término comenzó a correr desde el miércoles 8 de noviembre y culminará el 22 del mismo mes, mientras que en la demanda interpuesta por el abogado Juan Ramón Sevillano, este término comienza a correr desde este jueves 9 de noviembre, culminando el día 23 de noviembre.
En la demanda de Cornejo Robles, se solicitó la opinión del Procurador de la Administración, Rigoberto González, y del Procurador General de la Nación, Javier Caraballo, opiniones que ya fueron remitidas a la Corte Suprema de Justicia. En ambos casos, las opiniones señalaban la inconstitucionalidad de la ley 406.
El comunicado del supremo tribunal panameño indica que en relación con las otras siete demandas, se espera que tanto González como Caraballo han sido conminados a ofrecer sus opiniones, estando en espera de tales señalamientos.
«Una vez concluya este término (23 de noviembre), se decidirá la acumulación de las demandas de inconstitucionalidad que se encuentran en el mismo estado de fallar», sostiene el comunicado de la Corte Suprema de Justicia.
Debe recordarse que el Secretario General de este órgano del Estado, Manuel Calvo, explicó que para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia «es prioridad número uno» resolver las demandas de inconstitucionalidad sobre la Ley 406.
Calvo precisó que «debe tomarse en cuenta que el respeto de estos trámites y términos es de suma importancia para establecer un mecanismo abreviado de resolución», y que la transgresión o evasión de estos términos, «supone una infracción a la normativa constitucional que exige la resolución de causa, conforme a los trámites legales».
El comunicado es suscrito por la magistrada María López Arias, presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
