El Secretario General de la ONU, António Guterres, presentó el pasado 28 de septiembre su decimocuarto informe anual sobre supuestas represalias y actos de intimidación contra particulares y grupos por cooperar con la Organización en el ámbito de los derechos humanos.
El documento, que cubre el período entre mayo de 2022 y abril de 2023, fue elaborado en cumplimiento de la resolución 12/2 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que condena todo acto de intimidación y represalia perpetrado por gobiernos o actores no estatales contra personas y grupos que interactúan con Naciones Unidas.
Casos y patrones detectados
De acuerdo con el informe, el número de denuncias de actos de represalias e intimidación perpetrados por agentes estatales y no estatales se mantuvo elevado. Los incidentes tuvieron lugar en todas las regiones y, aunque no constituyen un listado exhaustivo, evidencian ciertas tendencias preocupantes:
- Se documentó un aumento de la autocensura, con individuos y grupos que deciden limitar o abstenerse de cooperar con la ONU por temor a represalias contra ellos o sus familiares.
- La vigilancia, tanto electrónica como física, de quienes interactúan con la ONU se denunció en la mitad de los casos.
- Se promulgaron y aplicaron leyes que restringen o disuaden la cooperación con la ONU, afectando a organizaciones de la sociedad civil.
- Continúan largas condenas de prisión contra defensores de derechos humanos acusados de terrorismo o seguridad nacional relacionadas con su labor en derechos humanos y cooperación con la ONU.
En el informe se documentaron casos contra periodistas, abogados, activistas y sus familias, a menudo relacionados con su interacción con el Consejo de Derechos Humanos, los Procedimientos Especiales, los órganos de tratados y otros mecanismos.
Las represalias se produjeron tanto en los países como en las sedes de la ONU, incluyendo obstáculos a la participación de representantes de la sociedad civil en foros y reuniones.
Respuesta de la ONU
El Secretario General reiteró que la ONU tiene una responsabilidad colectiva para prevenir y enfrentar los actos de intimidación y represalia. Destacó los avances en arrojar luz sobre esta problemática y llamó a redoblar esfuerzos en la prevención y la tolerancia cero frente a las represalias.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos desempeña un rol fundamental de orientación y coordinación para promover la prevención, la pronta protección y la rendición de cuentas a nivel global.
Conclusión
El informe deja en evidencia que la responsabilidad principal de prevenir y enfrentar las represalias recae en los Estados Miembros. Guterres hizo un llamado a garantizar la adopción de medidas concertadas para proteger y garantizar la participación significativa y segura de personas y grupos con la ONU.
Asimismo, instó a los Estados a renovar sus compromisos políticos de cara al 75o aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y a respaldar los esfuerzos de la ONU para prevenir y combatir las represalias.
Los derechos humanos sólo pueden progresar en un entorno seguro y propicio para la cooperación con Naciones Unidas. Resulta clave redoblar los esfuerzos para proteger a quienes, con valentía, colaboran con la Organización en pos de un mundo más justo para todas las personas.
