A escasos nueve meses de las elecciones de 2024, emerge una propuesta inquietante: cambiar las reglas del juego. Las recientes intenciones de miembros de la Asamblea Nacional para reformar el Código Electoral, resultan, en el mejor de los casos, preocupantes, y en el peor, amenazantes para la democracia que tanto valoramos.
Es innegable que el marco electoral es una piedra angular en cualquier democracia. Establece las reglas, define los procesos y garantiza que la voz del pueblo se refleje con precisión en las urnas. Por lo que resulta preocupante que ahora, en un momento crítico de preparación para los comicios, surjan propuestas que, lejos de fortalecer nuestra democracia, amenazan con socavar la confianza del electorado. Según estudios realizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la confianza en los procesos electorales es esencial para la estabilidad democrática. Sin embargo, cambios apresurados y no consensuados a las puertas de una elección pueden desencadenar desconfianza y fortalecer sospechas ya presentes en el ambiente político.
La Comisión Nacional de Reformas Electorales, tras cada elección, ha sido el espacio donde diferentes sectores convergen para discutir y proponer cambios. Romper con esta tradición, especialmente tan cerca de los comicios, envía un mensaje peligroso sobre la volatilidad de nuestras normas electorales. Por supuesto, no faltan quienes argumenten que estas reformas buscan fortalecer el proceso democrático, pero, contrariamente, temas como el del fuero penal electoral y el de los residuos, cocientes y medio cocientes generan el rechazo automático de la ciudadanía. Además, que el momento elegido para presentarlas levanta sospechas sobre las verdaderas intenciones detrás de estas acciones.
En conclusión, si bien es legítimo y necesario revisar y mejorar nuestro marco electoral, hacerlo a las puertas de una elección, sin consenso y apresuradamente, es jugar con fuego. La Asamblea Nacional debe reconsiderar el momento y la forma de estas reformas y garantizar que cualquier cambio se haga en beneficio de la institucionalidad electoral, no en detrimento de la confianza y la democracia. Recordemos que la fortaleza de la nuestra no radica en la rapidez de los cambios, sino en la solidez de nuestras convicciones y la confianza de nuestra gente.