Tras décadas de guerras civiles y regímenes autoritarios, Centroamérica parecía encaminada hacia la democratización. Sin embargo, en los últimos años se observa un preocupante retroceso, con el surgimiento de nuevos liderazgos que, amparados en un manto de legalidad, buscan perpetuarse en el poder concentrando facultades, eliminando contrapesos y persiguiendo a la disidencia.
Los casos son variados, pero con patrones similares. En Nicaragua, tras la revolución sandinista de los 80, Daniel Ortega regresó al poder en 2007 y desde entonces ha ido desmantelando las instituciones democráticas. Aprobó leyes que criminalizan a opositores tildándolos de «traidores a la patria» y canceló personerías jurídicas a organizaciones civiles. En 2021, encarceló a precandidatos presidenciales, asegurando así su perpetuación mediante unas elecciones sin competencia real.
En El Salvador, Nayib Bukele accedió a la presidencia en 2019 con un discurso antisistema, pero rápidamente mostró tendencias autoritarias. Aprovechando su alta popularidad, concentró el poder legislativo en 2021 y decretó estados de excepción bajo el pretexto de combatir a las pandillas. Con ello, ha militarizado la seguridad pública, atacado la independencia judicial y limitado la libertad de prensa.
Guatemala vive un retroceso similar. Pese a los avances en la lucha contra la corrupción, el presidente Alejandro Giammattei ha obstaculizado el trabajo de la fiscalía especial contra la impunidad. Logró la destitución de su titular, Juan Francisco Sandoval, quien investigaba al mandatario. Así se protege la pervivencia de redes político-mafiosas.
Incluso en Honduras, donde Xiomara Castro llegó al poder con un discurso de cambio democrático tras el golpe contra Zelaya en 2009, se observan derivas autoritarias. Ha militarizado la seguridad y su entorno familiar copa instituciones clave, en un nepotismo que recuerda a la dictadura de su esposo Manuel Zelaya en los 80.
Estos casos evidencian que la democracia centroamericana pende de un hilo. Urge una respuesta concertada de la comunidad internacional y la sociedad civil regional para frenar estos abusos, defender el estado de derecho y recuperar las libertades amenazadas. De otro modo, se abrirá una nueva era de autoritarismo en la región.
