El sistema legal, tradicionalmente visto como una balanza equilibrada entre justicia y derechos, enfrenta una amenaza contemporánea que podría inclinar su delicado equilibrio. El término «lawfare», que fusiona las palabras «law» (ley) y «warfare» (guerra), encarna una práctica en la que las leyes ya no se usan como escudos de justicia, sino como espadas de batalla política: las herramientas legales que sustentan la vida civilizada son utilizadas como armas en un contexto que esconde motivaciones distintas a la simple resolución de conflictos.
A primera vista, los actos llevados a cabo bajo la bandera del lawfare pueden parecer justos y legales. Pero debajo de esa superficie, yacen intenciones que buscan objetivos distintos a la mera justicia. La preocupante realidad es que, en manos equivocadas, nuestro sistema judicial puede ser utilizado para atacar oponentes políticos, frustrar proyectos por razones políticas, e incluso silenciar a voces críticas que se atreven a levantar la voz.
Los números respaldan estas afirmaciones. Según un informe de Human Rights Watch de 2020, en varios países, el número de periodistas y activistas procesados por expresar opiniones disidentes ha aumentado exponencialmente en la última década. Esta «judicialización» de la libertad de expresión, donde individuos son llevados a los tribunales por lo que dicen o escriben, ha ocasionado un preocupante declive de la libertad de prensa en regiones donde la democracia debería estar floreciendo. La preocupación trasciende a la pérdida de libertades individuales. Está en juego la misma esencia de nuestra democracia. Si la percepción pública es que la justicia puede ser manipulada o que está al servicio de intereses políticos, ¿qué queda de nuestra confianza en el sistema? El Índice Mundial de Percepción de la Justicia 2021 señala que en países donde el lawfare ha sido prominente, la confianza en el sistema judicial ha descendido dramáticamente. Y sin confianza, la legitimidad de las instituciones que sostienen nuestra sociedad se desvanece.
Si bien es natural y necesario que la política y el derecho se entrecrucen, es fundamental que las leyes no sean secuestradas por agendas políticas. El lawfare no solo pone en peligro la libertad de expresión, sino que amenaza la estabilidad y la confianza en las instituciones que nos rigen. Es imperativo que seamos críticos, que estemos informados y que defendamos la justicia en su forma más pura y equitativa. La democracia, en su esencia, se basa en la confianza de sus ciudadanos en un sistema justo. El secuestro del sistema legal para intimidar y callar es la nueva infección que corroe los cimientos de nuestra sociedad. El remedio es claro: que prevalezca la justicia verdadera sobre la manipulación política
