La Organización de las Naciones Unidas (ONU) busca establecer el primer tratado global contra el cibercrimen. El borrador del instrumento legal, que lleva 5 años en discusión, genera polémica por el alcance de los delitos incluidos y la ausencia de salvaguardas para proteger los derechos humanos.
El tratado busca ser un marco legal internacional para que los países cooperen en la lucha contra los crímenes que utilizan las tecnologías de información y comunicación (TIC). Según la ONG Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC), el texto actual adolece de claridad en la definición de los delitos, deja espacio para la represión de los Estados y no protege suficientemente los derechos individuales.
«El borrador deja ambiguo el alcance de los crímenes, con conceptos como ‘cualquier delito’ que permitirían a los gobiernos usar el tratado para acciones represivas», afirmó Summer Walker, jefa de Asuntos Multilaterales de GI-TOC.
El capítulo sobre criminalización incluye delitos informáticos como el acceso ilegal a sistemas, pero también introduce la categoría de «otros delitos» sin especificar. Expertos advierten que los Estados podrían utilizar esta ambigüedad para obtener datos personales y perseguir a disidentes políticos o minorías.
«Necesitamos revisar el texto para que promueva la cooperación internacional sin convertirse en una herramienta de vigilancia y control», sostuvo Walker.
Otro aspecto que genera suspicacias es la ausencia de salvaguardas para los derechos humanos. Si bien el borrador menciona el respeto a las leyes nacionales y al derecho internacional, no especifica garantías concretas contra detenciones arbitrarias, violación de privacidad o falta de debido proceso.
Según expertos, las referencias vagas a la legislación interna son insuficientes dada la tendencia global hacia gobiernos más autocráticos y el creciente uso de la tecnología para la represión y la vigilancia.
El tratado tampoco establece requisitos firmes para la protección de datos personales en la cooperación entre países, un aspecto sensible cuando se compartirán evidencias digitales transfronterizas. Dejar medidas ambiguas crea riesgos de abusos. Los Estados deben trabajar para lograr el balance entre seguridad y derechos, opinan algunos estudiosos del tema. El creciente uso delictivo de las TIC demuestra la necesidad de mejorar la cooperación global, pero expertos concuerdan que ese esfuerzo no puede sacrificar los derechos individuales.
El tratado sobre cibercrimen de la ONU sentará un precedente histórico en la gobernanza de Internet. Dependerá de los gobiernos evitar que se transforme en una vía para el autoritarismo digital.
