Entre repetidos estruendos de reguetón, la euforia de extendidos open bar y con una ley hecha a la medida de sus ambiciones, la actual rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) logró reelegirse en el cargo para un nuevo período de cinco años.

Desde que arribara al puesto por primera vez en el 2013, se reeligiera en el 2018, y lograra este nuevo mandato, mucha agua ha corrido bajo ese puente. Durante los 10 años que lleva al frente de la institución, el largo prontuario de escándalos en los que se ha visto relacionada incluye desde repetidos casos de nepotismo hasta una investigación en la Fiscalía de Cuentas por una presunta lesión patrimonial de 194 mil dólares por duplicidad de salarios en beneficio de una cercana colaboradora que dictaba clases en la institución bajo su cargo. En el medio se entreteje -además de un desvergonzado aumento salarial durante la pandemia- una larga cadena de irregularidades a favor de intereses familiares y los de su más cercano círculo de adeptos cuya lealtad ha sido muy bien recompensada.

Este nuevo período en el cargo se hizo posible gracias al proyecto de ley 756, presentado en 2022 por el diputado Raúl Pineda, el cual al recibir la sanción presidencial modificó la Ley 4 de 2006 allanando el camino para una nueva postulación al cargo y para el triunfo que se concretó hace algunas horas gracias al voto ponderado donde el del cuerpo docente equivale al 60 por ciento, el de los administrativos un 10 por ciento y el de la mayoría estudiantil apenas el 30 por ciento.

Si el desagrado ante la chabacanería de la campaña fue mayoritario, también lo es el repudio al confirmarse esta nueva reelección. La incertidumbre se cierne sobre los destinos de la Unachi, socavada por el imperio de los antivalores instalados hace largo rato en sus predios.