Asimismo, las posteriores reformas de la legislación penitenciaria ha aumentado también la posibilidad de que los detenidos sean torturados, según ha advertido Bachelet en su discurso de apertura del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.

Las autoridades de El Salvador decretaron a finales de marzo el estado de excepción debido a una importante ola de violencia que azotaba el país centroamericano. Esta medida ha sido prorrogada en varias ocasiones, la última de ellas a finales de mayo, cuando se prolongó por otros 30 días.

Durante este periodo, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías. De hecho, desde el inicio de la medida de excepción, las autoridades de seguridad han detenido a más de 38.000 presuntos pandilleros.

Esta elevada cifra de detenciones genera, según Bachelet, «preocupación sobre el respeto a las garantías del debido proceso». Una muestra de esto son los, al menos, 21 decesos bajo custodia policial confirmados por fuentes oficiales.

De hecho, tres presos han muerto en las últimas 72 horas en el Complejo Penitenciario de Izalco, en Sonsonate, en el oeste del país, según recoge el diario salvadoreño ‘La Prensa Gráfica’.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), junto con otras organizaciones, ha mostrado su preocupación por la medida aprobada por el Gobierno salvadoreño, al que ha instado a que garantice también políticas penitenciarias que respeten los derechos fundamentales.

A principios de junio, Amnistía Internacional (AI) cifró en al menos 18 los presos muertos bajo la tutela del Estado desde la declaración del estado de emergencia. El organismo ha denunciado también numerosas detenciones arbitrarias, así como privaciones ilegales de la libertad y de garantías judiciales.