Dependiendo del destino final, los dineros públicos reciben las más distintas denominaciones. Cuando es para ayudar a los más desfavorecidos, se les cuelga la etiqueta de subsidios: un recurso mal visto por algunas élites que los señala como el caldo de cultivo del más criticable parasitismo popular y, también, como una pesada carga capaz de arruinar las finanzas estatales. Pero, cuando la hemorragia millonaria es destinada a los bolsillos de unos contados y exclusivos “grupos de empresarios”, la magia del lenguaje convierte el mismo recurso en un “incentivo de inversión”, el cual, por arte de birlibirloque, deja de ser una lacra parasitaria y se convierte en una decisión fundamental para multiplicar las “riquezas sociales” y asegurar el “desarrollo nacional”.
En esta última categoría se mueven la Ley 122 de 2019, que establece créditos fiscales en el impuesto sobre la renta hasta del 100 por ciento de lo que se invierta en bonos, acciones o cualquier otro instrumento financiero emitido por empresas turísticas en proyectos fuera del distrito de Panamá. Y el anteproyecto de ley 789 con el cual se pretende “maquillar” el exceso de la primera ley reduciendo la cifra a un 60 por ciento. Sin embargo, los inversionistas con emisiones registradas hasta el 30 de julio del presente año estarán amparados por la primera ley, es decir, serán beneficiados con el 100 por ciento. Tres empresas familiares arropadas por estos privilegios, tienen valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores que rondan los 500 millones en exoneraciones. Y en un grupo de 15 proyectos distintos la cifra se establece en mil 255 millones que dejará de percibir la nación.
Ambas leyes son repudiadas por diversos grupos profesionales, empresariales y por exfuncionarios. También han sido demandadas de inconstitucionales por un abogado local y señalada por el procurador encargado de la Nación de violar el artículo 276 de la Constitución y el 55 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional por incumplir con procedimientos establecidos al momento de su discusión.
El doble rasero que expone esta situación, además de obsceno resulta imperdonable. Mientras el dinero escasea o se proporciona a cuentagotas en la educación, la salud y en otros sectores fundamentales de la nación, los grifos de las arcas públicas se abren abundantemente y sin límites para algunos sectores privilegiados acostumbrados a lucrar bajo la protección y seguridad que brinda la complicidad gubernamental.