La Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) anunció en enero de 2023 que no habría aumento de la tarifa eléctrica para los clientes regulados, que representan el 90 por ciento del mercado. Sin embargo, los usuarios han notado un aumento en sus recibos, lo que ha generado preocupación y malestar.
Según un estudio de la Universidad de Panamá, el aumento de las tarifas eléctricas es responsable de un incremento del 10 por ciento en el costo de vida de las familias panameñas. Esto ha afectado especialmente a los hogares de bajos recursos, que destinan una mayor proporción de sus ingresos al pago de servicios básicos, como la electricidad, lo cual deriva en un impacto negativo en el desarrollo del país. Las empresas tienen que aumentar sus costos de producción, y eso se traduce en un aumento de los precios de los productos y servicios; a su vez, la reacción en cadena termina por afectar la competitividad de las empresas panameñas y, en última instancia, el crecimiento económico del país.
El aumento de las tarifas eléctricas es un problema serio que debe ser abordado con la misma seriedad por las autoridades. Las quejas sobre lo abusivo de las tarifas no son de fecha reciente: son ya de vieja data. Exacerbadas aún más por la indolencia de la institución que, en teoría, debería velar por el interés de los usuarios, pero que en los hechos alimenta la percepción de estar al servicio de las empresas distribuidoras.
Los problemas pendientes de solución no hacen sino multiplicarse, al igual que el hastío ciudadano. La incapacidad de dar respuestas efectivas a los graves problemas que afronta el panameño de a pie solo contribuye a fortalecer la nociva polarización que mantiene al país entre la espada y la pared.
