En 2016, el 60,8% de los cigarrillos consumidos en Panamá eran de contrabando, mientras que, en 2021, cinco años después, esta cifra aumentó a 87.9%.

Así quedó demostrado en el Estudio de Mercado de Cigarrillos Ilegales realizado en Panamá en 2021 por la firma Nielsen (Líder global en conocimiento de audiencias, datos y analítica), que, además, reveló que el contrabando de cigarrillos se ha apoderado de las calles de Panamá y en regiones como David, provincia de Chiriquí, Panamá, el distrito de San Miguelito y los corregimientos de Las Cumbres y Tocumen los cigarrillos ilegales representan entre el 88% y 95% del mercado.

Todo esto pese a los esfuerzos de la Autoridad Nacional de Aduanas que constantemente realiza decomisos de estos productos ilegales que nos impactan de manera negativa a todos. Debemos tener muy presente que la comercialización ilegal de cigarrillos no solo impide el éxito de las medidas sobre el control del tabaco, sino que también despoja de ingresos impositivos al gobierno.

Al margen de esta situación y yendo más allá, una vez más queda demostrado que el problema del contrabando de cigarrillos en Panamá es más profundo y que irónicamente tiene como base el enfoque de las políticas públicas que el país y más bien, las autoridades, implementan en esta materia.

Pese a que en los últimos años las autoridades han centrado sus esfuerzos en promocionar el dudoso reconocimiento internacional de Panamá como “un líder regional y global en el control del tabaco”, con regulaciones restrictivas y elevados impuestos, esta distinción no ha impactado de manera positiva en el control del contrabando de cigarrillos y por el contrario lo que se ha evidenciado es que sobrerregular el cigarrillo, ha potenciado e impulsado su consumo en el mercado negro.

Las autoridades de salud, mientras arrecian las medidas restrictivas contra el cigarrillo, han invisibilizado el verdadero impacto del contrabando de cigarrillos en la salud de los fumadores. Ni siquiera existe una campaña constante de orientación a la población sobre el impacto negativo del consumo de este tipo de productos ilegales o cómo identificarlos.

Las políticas públicas enfocadas solo en prohibición han dejado desamparados, desorientados y a su suerte a miles de ciudadanos que han decidido y deciden seguir consumiendo cigarrillos y no se les orienta ni tampoco se les permite el uso de productos alternativos, como los cigarrillos electrónicos o productos de tabaco calentado, que podrían representar un menor riesgo para su salud. Esto aún cuando el contrabando descontrolado demuestra que estas “restricciones” lejos de tener un efecto positivo en la población, por el contrario, están potenciando los riesgos y afectaciones.

Mientras las autoridades se enfocan en el prohibicionismo, el mercado negro de cigarrillos sigue ganando terreno. Con esto, aunque suene duro mencionarlo, estamos replicando el fracaso de Bután, que después de 18 años de prohibir totalmente la venta de tabaco y cigarrillos, registra altos niveles de consumo continuo de tabaco, inclusive en niños en edad escolar.

Nada más claro. Mientras exista demanda de un producto y las autoridades se empeñen en sobrerregular y prohibir, se seguirá incrementando el contrabando.

En consecuencia, se hace necesario y urgente evaluar nuestras políticas públicas en materia de salud, pero enfocadas en nuestra realidad, no en la complacencia de organismos internacionales que impulsan acciones globales y regionales que lejos de generar un impacto positivo, por el contrario, impulsan el descontrol y potencian los riesgos de salud de la población.

Para ello, es primordial que en la discusión y actualización de nuestras políticas públicas de salud participen todos los sectores, que estemos abiertos al diálogo y que se dejen de lado los intereses particulares y enfoques preconcebidos porque ha quedado demostrado que esto no nos aporta nada positivo.

Así como han fracasado todas las políticas prohibicionistas o sobrerreguladoras, la del Control de Tabaco también ha fracasado en Panamá. Una política que crea un mercado negro de 87.9% tiene que considerarse como una política fallida y debe por consiguiente reevaluarse su diseño para lograr legitimidad y efectividad en su implementación.