En un documento firmado el jueves pero dado a conocer este viernes, el organismo ha resuelto realizar una supervisión «por razones humanitarias» del indulto concedido a Fujimori e insta al Estado a no ejecutar lo dictado por el Constitucional, según recoge la prensa peruana.

Previamente, la CIDH ya había ordenado a las autoridades judiciales de Perú «abstenerse» de ejecutar la decisión del Constitucional argumentando la necesidad de «garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta», matanzas por las que el expresidente cumple una condena de 25 años de cárcel condenado por crímenes de lesa humanidad.

Reacciones

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, César Landa, ha publicado un mensaje en su perfil oficial de Twitter en el que ha asegurado que el Gobierno peruano se abstendrá de implementar la sentencia del Tribunal Supremo del 17 de marzo, ya que «no cumplió con lo ordenado por la Corte IDH».

Por su parte, el abogado del exmandatario peruano, Elio Riera, ha recibido «con mucha sorpresa» y «mucha preocupación» que «no se hayan tomado en cuenta todos los alegatos y documentos presentados con mayor profundidad», así como la documentación médica, según ha dicho en una entrevista con Canal N.

De esta manera, Riera ha destacado su consternación por la forma de resolver el asunto. «No nos queda como defensa más que dar cumplimiento a esto y tratar que se pueda, de alguna u otra forma, cumplir con lo que está solicitando», ha dicho, tal y como recoge el portal de noticias Perú 21.

La excandidata presidencial Keiko Fujimori, e hija del exmandatario peruano, ha señalado que el retraso del trámite para la liberación de su padre ha sido «premeditado» y que esta decisión «no es justicia».

«Yo lo que siento es que todo lo que está pasando no es casualidad. Esta demora en todo el trámite para que él salga en libertad parece que ha sido premeditado. Siento que esto no es justicia, siento que no son Derechos Humanos, siento que es absolutamente injusto para una persona que está enferma y que es un anciano de avanzada edad», ha defendido, según ha informado el diario ‘El Comercio’.

El Tribunal Constitucional de Perú concedió a mediados de marzo la libertad al expresidente Fujimori, después de fallar a favor del recurso presentado contra la sentencia que anuló su polémico indulto humanitario de diciembre de 2017.

Fujimori recibió el indulto humanitario por su delicado estado de salud en diciembre de 2017 por parte del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. El perdón fue anulado en octubre de 2018, cuando el Tribunal Supremo de Perú ordenó su captura amparándose en la resolución de la CIDH sobre las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

La Justicia de Perú también aprobó a mediados de diciembre la apertura de un proceso penal contra el expresidente, así como varios de sus ministros de Salud, por el caso de esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno entre los años 1990 y 2000.