Para justificar la parranda generadora de nuevos corregimientos a lo largo del país, los diputados alegan que la gente “desde hace más de veinticinco años viene clamando por esta división con la finalidad de que sus problemas puedan ser atendidos con mayor efectividad”. Argumento insustancial con el que pretenden ocultar las aviesas intenciones detrás de ese descontrolado divisionismo territorial: el descarado aumento de las cuotas de poder y del flujo de recursos para seguir dilapidando en la acostumbrada demagogia electorera.

A principios del año 2021, las iniciativas legislativas de algunos diputados apuntaban a la creación de un total de 41 nuevos corregimientos. Ya para febrero de ese año se aprobaba por insistencia un proyecto de ley que resultaba en la generación de otras seis de estas unidades en la comarca Ngäbe Buglé. Un poco antes en Bocas del Toro- que más parece un feudo hereditario que una provincia- de un solo plumazo se crearon once corregimientos nuevos. Y para cereza del pastel, el pasado 13 de enero fue aprobado el proyecto de ley 401 que culmina con la instauración de seis nuevos corregimientos en el distrito de Penonomé.

Más corregimientos significan más representantes, más personal, más burocracia, más gastos de oficinas, más gastos de representación y, sobre todo, más gastos de movilización. Irremediablemente, esta obscena ambición de cuotas electoreras y de presupuestos para satisfacer pretensiones individualistas, terminará por hundir en el descrédito al tan sonado proceso de descentralización; a costa de sacrificar dineros que resultarían mejor invertidos en educación y en el frágil sector de salud. La próxima pandemia- porque esta no será la última- nos volverá a sorprender con un sistema sanitario tan penoso y exiguo como el actual y, además, con los habitantes de todos esos nuevos corregimientos afrontando las mismas angustias y carencias que enfrentan sus conciudadanos hoy.