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Hoy sería complicado, por no decir que imposible, practicar la democracia directa tal como se hacía en Grecia y la Roma clásicas, donde las instituciones políticas estaban organizadas alrededor de una asamblea a la que acudían los “ciudadanos” para decidir colectivamente los asuntos de gobierno. Solamente el elemento demográfico constituye, en estos tiempos, una barrera infranqueable para semejante práctica: decenas de miles de personas reunidas en cualquier asamblea intentando imponer sus criterios o recomendaciones, resulta una escena inimaginable. El resultado evidente, además de la prodigiosa batahola, sería un perenne e insuperable desacuerdo donde cada cual buscaría su interés en particular o el de sus parientes y amigos cercano sin lograr acuerdos. Como respuesta para superar esos inconvenientes surgió la democracia representativa; aquella en la cual se escoge a un grupo de “ciudadanos” que representarán y abogarán por los intereses colectivos de sus electores: aquellos otros ciudadanos que por medio del voto depositan en ellos su confianza.

La base de esta representatividad reside, desde los orígenes, en el concepto de “un ciudadano, un voto” y en que ese voto tiene el mismo valor que los del resto de los electores: ninguno vale más que otro. Sin distinciones de raza, fortuna, color, sexo ni de cualquier otra: cada voto es igual a los del resto. He ahí el corazón de la democracia como sistema de gobierno fundamentado en el principio moral de la igualdad política.

Pero, algo no camina bien cuando en ese gobierno “representativo” se asignan puestos a unos candidatos sobre otros a pesar de obtener menos votos. Cuando quedan por fuera de la asamblea candidatos que, en las urnas, obtuvieron más votos que algunos de los sentados en las curules se atenta contra el principio y el corazón de la democracia. Se requiere atender el sistema de repartición de los puestos porque, a pesar de las buenas intenciones y las preocupaciones en torno a la “representación” de las minorías, el proceso ha degenerado caminando a contravía de la igualdad en las urnas. Lo único que han logrado estas aritméticas electorales es sacar del sombrero del mago decenas de miles de votos “fantasmas” que conceden curules a quienes no cuentan con la confianza ciudadana expresada en el sufragio. El tema requiere considerarse atentamente, libre de intereses políticos y partidistas: hacia esa exigencia apunta el descontento ciudadano expresado consistentemente en las últimas semanas.