En un estado democrático, el gobierno representativo se sostiene sobre la premisa del ciudadano que elige a sus gobernantes delegando en ellos su poder para que tomen decisiones y actúen en su nombre siempre con la obligación de poner, en primera instancia, el derecho y los beneficios del país sobre cualquier otro. De esta premisa surge, como consecuencia lógica, el principio de la “rendición de cuentas” por parte de quienes reciben en las urnas el mandato de representar del mejor modo posible a sus electores.

Cualquier funcionario, electo o designado, está en la obligación de informar, explicar y justificar ante la ciudadanía el uso que ha hecho del poder y de los recursos que se les ha conferido. Esa rendición de cuentas no es una concesión generosa que hacen quienes gobiernan, sino una obligación que les impone la función de representar al resto de la nación; porque además de informar exige responder a los cuestionamientos, asumir responsabilidades por las decisiones y los actos ejecutados y, también, recibir una sanción por los errores cometidos por la incompetencia demostrada. Una rendición de cuentas sin sanciones no es más que una burda pantomima.

Y, como siempre, la historia nacional sigue siendo fecunda en la generación de estos personajes que prestan oídos sordos a los mandatos de la ley, de los principios democráticos y cuyas actuaciones contribuyen a alimentar más la sospecha que la transparencia exigida en tiempos tan convulsos.

En la década que media entre el 2009 y el 2019, el programa Capital Semilla- de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) – repartió 11.6 millones de dólares a más de 17 mil personas. Mientras que desde 2019, durante esta administración gubernamental, otros 6.2 millones fueron entregados a 3 mil 808 emprendedores sin que, hasta el momento, exista un informe que mida los resultados y la eficacia del programa en cuestión. A pesar que en noviembre pasado se asignaron 10 millones de dólares más a la institución- la mayoría para el impenetrable programa- quienes dirigen la institución persisten en la negativa de brindar detalles y rendir cuentas al respecto.

La transparencia y la rendición de cuentas no pueden estar sometidas a los caprichos oscurantistas de ningún funcionario: ambas son obligaciones que el puesto y la ley imponen. Resulta inadmisible que olviden que cualquier pequeña autoridad o poder del que se crean dueños, no les pertenece a ellos sino a esa silenciosa mayoría que hoy desaprueba el secretismo con que se manejan los millonarios recursos pertenecientes a todos.