Grupo Metales presentó ante la Fiscalía Metropolitana de Atención Primaria del Ministerio Público, (MP), una denuncia penal para que se investigue la presunta comisión de los delitos contra el orden económico y contra el tesoro nacional en la modalidad de contrabando, defraudación aduanera y defraudación fiscal.
La acción legal va dirigida contra siete importadores de aceros y de productos derivados y se suma a otras tres denuncias interpuestas previamente ante la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA).
Grupo Metales argumenta que conforme al portal web de la ANA, los valores declarados por los siete importadores denunciados estuvieron por debajo de los precios del mercado.
Además, se detalla que entre enero de 2017 a diciembre de 2019 se ha dejado de pagar en impuestos $1.7 millones, mientras que entre abril de 2020 y septiembre de 2021 el Estado ha dejado de percibir $705,052, lo que hace un total de $2.4 millones.
Sospechas
Según la acción penal, la empresa denunciante, sospecha de los valores de importación que presentan ciertas compañías en determinadas partidas arancelarias y consideran que posiblemente se estén cometiendo actos delictivos.
“Adicional a la afectación a los tributos del Estado, se han causado significativos prejuicios a la economía nacional, lo que comprende a los actores del mercado de importación de acero y derivados que ven desmejoradas las condiciones de competencia igual y equitativa, mantenimiento y generación de empleos, pagos de panillas a la Caja de Seguro Social y tributos generales”, se resalta en la denuncia.
Finalmente, Grupo Metales solicita al MP, convocar al Departamento de Auditoría Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses con el objetivo de establecer la afectación patrimonial mediante alcance de auditoría.
Antecedentes
“Recurrimos a la esfera legal, porque después de más de 15 meses de haber presentado tres denuncias ante la Autoridad Nacional de Aduanas, seguimos esperando acciones para detener este problema y mientras tanto, el Estado está dejando de percibir millones de dólares por la actuación inescrupulosa de un grupo de empresas y por la inacción de las autoridades”, expresó Moisés Bartlett, apoderado legal y vocero.
