Durante la pasada administración gubernamental, las invasiones de tierra costaron al Estado cerca de 30 millones de dólares en indemnizaciones. El precarismo -la acción de tomarse tierras baldías ya sean públicas o privadas- es un problema de vieja raigambre en el escenario nacional; para algunos es la única opción de concretar los sueños de una casa propia: para otros, una minoría, es un jugoso negocio con el cual lucran descaradamente a costa del sufrimiento y las carencias de otros.

No es una situación fácil de resolver porque mientras de un lado está la norma clara y definitiva, del otro palpita el sesgo humano: la realidad de miles de panameños que subsisten en medio de la pobreza extrema y sin los recursos mínimos necesarios para hacerse de un techo que les cobije.

Este síntoma – entre muchos- de la desigualdad económica que golpea a nuestra sociedad se acentuó con la llegada de la pandemia del coronavirus. Durante este período de crisis sanitaria los asentamientos ilegales en el territorio nacional se elevaron a 300, con la consiguiente cadena de litigios que involucra miles de hectáreas y millones de dólares. Sólo en el área metropolitana existen 183 de estos asentamientos “ilegales”: 22 en Panamá Centro, 68 en Panamá Este, 60 en Panamá Norte y 33 en San Miguelito.

Sin embargo, a pesar de lo valederas que resulten ser las aspiraciones de contar con techo propio, no se puede pretender alcanzarlas irrespetando o pisoteando los derechos del resto. Irrumpir violentamente y vandalizar unas instalaciones hospitalarias, sembrando el caos y el miedo entre los pacientes, no tiene justificación alguna. Todos los responsables y ejecutores de tal infamia tienen que comparecer ante la ley y recibir las más estrictas sanciones que la norma establezca. De no hacerse así, este mal precedente propiciará una larga cadena de hechos semejantes que todos lamentaremos. La degradación social de la cual los actos vandálicos de hoy son un preocupante síntoma, tiene que ser cortada de raíz.